Viernes, 22 Octubre 2021

logo para cedet                                            Año 2021. Edición N° 15 / Registro ISSN-L: 2709-8079

TEMA En memoria de Carlos Velarde Reyes (Cito). A cinco años de su partida. Sus documentos de trabajo y opiniones que guardan vigencia

COLUMNISTAS

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Desarrollo empresarial afrodescendiente en América Latina

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Por Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla (Colombia) 

Hablar de desarrollo económico significa también hablar de crecimiento económico, aunque existen diferencias entre ambos: el desarrollo económico supone un cambio de tipo cualitativo que implica variaciones de la estructura de la economía de un país, que comprenden la implementación de innovaciones, la adquisición de mayores niveles de conocimiento y la incorporación de nueva tecnología, y que conlleva una mejora de la calidad de vida de la población en materia de salud, educación, empleo y seguridad, mientras que el crecimiento económico puede entenderse como un cambio meramente cuantitativo, una variación del «tamaño» de una economía en términos de inversión, producto total, niveles de consumo e ingresos (Giménez, 2017), queda claro, entonces, que el desarrollo económico y el crecimiento económico no son lo mismo.

Es posible concebir el desarrollo económico como un aspecto central para el crecimiento, en el sentido de que el crecimiento no puede mantenerse a largo plazo sin que paralelamente se vayan implementando un conjunto de innovaciones y cambios estructurales. Una economía puede desarrollarse sin crecer, o puede crecer sin que haya desarrollo, ya que, por ejemplo, un mayor nivel de crecimiento no asegura la existencia de trabajos bien remunerados ni tampoco el acceso de los grupos étnicos a los bienes y servicios públicos básicos que garantizan su bienestar y promueven su desarrollo (Sen, 2000).

Por lo tanto, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas se convierte en un pilar fundamental para promover el desarrollo económico sostenible de un grupo poblacional o de un país, porque dichas empresas generan riqueza y empleo, e identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades productivas. Además, se adaptan con una gran facilidad a las nuevas tecnologías, ya que su estructuración y su planeación estratégica no requieren de altos capitales (Delfín Pozos y Acosta Márquez, 2016). En ese sentido, cabe señalar que, cuando se examina el desarrollo empresarial de la población afrodescendiente en la región, no es posible identificar cuántos empresarios hay, ni cuáles son los sectores o los niveles de ventas o de ingreso que las caracterizan, debido a que en las cámaras de comercio y en las encuestas anuales de comercio no se incluye la variable étnico-racial que permitiría identificar a los empresarios afrodescendientes.

Finalmente, los programas dirigidos a promover el emprendimiento empresarial entre la población afrodescendiente de la región se enfocan en iniciativas empresariales de bajo valor agregado, que, en un alto porcentaje, no logran ser sostenibles en el tiempo. En ese contexto, se propone la creación, en cada país de la región, de un fondo de Capital de Riego para el desarrollo empresarial de la población afrodescendiente, en clave del establecimiento de alianzas estratégicas público-privadas, cuyo propósito sea el de brindar de manera integral, financiamiento a planes de negocios, herramientas técnicas y financieras a los emprendedores para promover los emprendimientos de base tecnológica a partir de la ciencia, la tecnología e innovación.

Descargar en PDF.


Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla
Consultor Senior en Gestión de Proyectos, Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos de Cooperación Nacional e Internacional
Mobil:   3168760418 (WhatsApp)
Skype: gustavo.adolfo.lugo.vallecilla
E-mail:gustavolugo1426@gmail.com
Bogotá, Colombia.

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[Editorial] Planes de Gobierno y población afrodescendiente

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El 11 de abril hay tres elecciones simultáneas en América Latina: segunda vuelta presidencial de Ecuador, la primera vuelta presidencial en Perú y la convención constituyente en Chile. En ninguna de las tres, la agenda afrodescendiente es prioritaria, a pesar de ser una de las poblaciones más golpeadas por la pandemia que nos acecha.

En el caso peruano, gracias al censo, los datos pueden ser verificados con mayor exactitud, como veremos en los artículos que hacen parte de esta edición de D’Cimarrón. Sin embargo, salvo los partidos Juntos por el Perú, cuya candidata a la presidencia es Verónika Mendoza y Frente Amplio, cuyo candidato a la presidencia es el excongresista Marco Arana, mencionan en sus planes de gobierno a la población afroperuana. Los demás partidos y candidatos presidenciales la mencionan en menor medida o no la mencionan en su mayoría.

En los países en los que los censos nacionales no incluyen la auto-identificación étnica parece lógico -no justificable- que no se generen políticas públicas diferenciadas para la población afrodescendiente. Habría que trabajar, primero, en el reconocimiento de la diferencia para poder generar políticas públicas. Es decir, el censo como representación de la realidad es el primer lugar de pugna política, pero en los países donde ya existen estos censos solo el desprecio a una realidad étnica -racializada- inobjetable explica tal ausencia.

Hemos explicado en anteriores entregas que el desprecio se origina por dos vías. La primera; el mito del mestizaje, en el que se encubre el racismo bajo el manto de igualdad fallida: “el que no tiene de inga tiene de mandinga”; la segunda -más repudiable- en el que se deshumanizan a los afrodescendientes por considerarlos como inferiores: ciudadanos de segunda categoría. Este último razonamiento fue el que seguramente orientó el "vacunagate".

Aunque la candidata Verónika Mendoza tiene el apoyo expreso de la mayoría de afroperuanos y afroperuanas debemos estar vigilantes, en caso de ser gobierno, para que no nos condene al Ministerio de Cultura -práctica harto conocida- en el que se reconoce de forma simbólica los aportes de nuestra población, pero no se disputa la distribución de la renta.

Esperamos aún, un plan robusto sobre el tratamiento de la población afroperuana durante lo que resta de pandemia.

El racismo no desaparece ignorándolo.

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Discriminación, invisibilidad y clasismo los no-lugar de la gente afromexicana en la política pública

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Dra. Teodora Hurtado Saa (México)

Introducción

América Latina y El Caribe representan una de las regiones del mundo de mayor diversidad cultural y fenotípica, como de presencia de población afrodiaspórica, condición histórica que retoma relevancia social, política y académica dados los acontecimientos de las últimas décadas: movimientos sociales de comunidades indígenas y negras,  reformas constitucionales que desde finales del siglo XX reconocen la pluralidad étnica y racial de los países de la región, acompañadas de la promulgación de políticas de acción afirmativa para las minorías racializadas, que en algunos países significa autonomía territorial y asignación presupuestal para el desenvolvimiento de las demarcaciones designadas para estos sectores de la población; al igual que de políticas de paz y procesos de desmovilización de grupos armados, entre otras acciones (Hurtado, 2018). Algunas de estas políticas responden a las demandas nacionales e internacionales de los pueblos indígenas y comunidades afro en todo el mundo, como lo evidencia la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban (Sudáfrica), de 2001, y la proclamación el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Sin embargo, estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han corroborado que las personas afrodescendientes (quienes representan el 30% de la población latinoamericana y caribeña) siguen enfrentando niveles exagerados de pobreza, exclusión y están sujetos a experimentar a perpetuidad los efectos de la discriminación por prejuicios racistas (Velázquez e Iturralde 2012 [2016] p. 101)

Desde el periodo colonial, la discriminación se inscribió como reflejo de un orden racial y social establecido, donde las poblaciones blanco/mestizas se situaron por encima de individuos considerados “indios” y “negros”, además de continuar cargando con los estereotipos y prejuicios racistas y clasistas (Restrepo, 2016 p. 6-7) en la modernidad. Esto significa que las personas negras se encuentran atravesadas, al mismo tiempo, por la interseccionalidad de múltiples categorías de opresión: raciales, sexuales y de clase, entre otras, a la vez que estas categorías tienden a correlacionarse como la noción de clase y raza (Hurtado, 2018), por ejemplo, percibiéndose y naturalizándose como sinónimo de pobreza, prejuicio que incrementa los efectos negativos de una discriminación que se ha normalizado (Gall, Vitale y Schmelkes, 2005; Hurtado, 2018; Martínez, 2019) y que lleva a que se considere a toda persona de tez oscura no solo como pobre sino también como proclive a la pobreza. Sin embargo, para Ana Laura Martínez Gutiérrez (2019 p. 13), mientras la sociedad mexicana reconoce y aceptar la existencia de clasismo, niega la práctica cotidiana del racismo, aunque ambos fenómenos se entrelazan. Ello significa que, el racismo y la discriminación racial están presentes en las entrañas de la sociedad latinoamericana, incluyendo a México, y anclados en distintas esferas englobando la política pública, donde muchas veces se configura en la forma de acceso inequitativo a la justicia, a la igualdad, a los programas sociales y a las políticas distributivas; y aunque, en la actualidad ni México ni ningún otro país del área tienen leyes o políticas públicas que formalmente nieguen o limiten a la población afrodescendiente (o a la indígena) (Velázquez e Iturralde 2012 [2016]), estas comunidades experimentan como cotidianidad el rechazo permanente al ejercicio de sus libertades y a sus derechos de ciudadanía.

Considerando que se cumplen dos décadas desde de la declaración de Durban y que restan tres años para que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, en este documento reflexionamos en torno a las acciones y política pública que, a nivel regional y particularmente en México, se han emprendido o no en favor de la poblaciones afro, presentando datos que dan cuenta de que los fenómenos de desigualdad y discriminación que afectan a la población negra se mantienen vigentes, debido a lo que he denominado formas de inclusión segmentada, racismo institucionalizado o racismo de Estado (Hurtado, 2018 p. 82). Asumimos que, contrario a lo que pretendían los gobiernos que circunscribieron y firmaron los acuerdos de Durban, entre ellos México, la política pública ha incidido pretendidamente o no para que desde el Estado se favorezca o discrimine a determinadas comunidades, territorios y personas racializadas. Así, el racismo institucionalizado se exterioriza y manifiesta como una forma de negación e invisibilización de las personas negras y de sus redechos, ejercido por parte de los gobiernos como desde la misma política de democratización y multiculturalidad que pretenden impulsar a nombre de la población afrodiaspórica.

En ese contexto, el presente ensayo expone una mirada crítica del legado de la colonización y esclavización que los acuerdos de Durban y durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes se visibilizan paro que no resuelven, y que los Estados de la región de Las América pretende enmascarar bajo de noción de democracia étnica/racial (Wade, 2011), de políticas de afirmación positiva y de pluralidad cultural, cuando en realidad históricamente ni siquiera distribuyen presupuestos públicos para atender sus necesidades o incluir en los censos y encuestas preguntas que contribuyen a estimar el tamaño de la población negra y, tampoco designan recursos para la atención de la pobreza o de la desigualdad basada en prejuicios y por discriminación. En ese texto planteo justamente realizar una mirada crítica de las políticas gubernamentales y de la invisibilidad que prevalece sobre la población afrodiaspórica en México,  tomando como fuente los resultados de investigaciones y diagnósticos que describen las desigualdades económicas, geográficas y la violencia a la que se enfrenta la población afrodescendiente y los territorios en los que habita; e igualmente, registrar la evolución de sus indicadores de calidad de vida, desde los años 90’ a inicios del presente milenio, periodo en que acontecen las reformas constitucionales en toda la región. Partiendo del supuesto de que los patrones de desigualdad, marginación y discriminación por condición étnica/racial se expresan como precariedad socioeconómica, lo que califiqué como la racialización de la pobreza, apoyada en las investigaciones, los planteamientos y los datos aportados por CEPAL (2001a y 2001b). y por algunos autores.

Entiendo que la condición étnica/racial en sí misma es una categoría de exclusión y discriminación, pero ésta no sólo se sobrepone a las demás categorías, sino que termina por reforzar tales disparidades y, en países como México y en otros de la región, se invisibiliza la presencia negra, se niega su existencia y se asume prejuiciosamente que toda persona negra es por antonomasia de origen extranjero; por tanto, no “existen” los afromexicanos. Pero dado que la discriminación racial se encuentra asociada a otras formas de disparidad por condición de género, clase, etnia, lugar de origen, capacidades y orientación sexual, no se puede negar que el factor étnico/racial en solitario y en correlación con la clase son pertinentes en sí mismos como categorías analíticas para evaluar y dar cuenta de estas desigualdades perpetuada desde la sociedad y el Estado (Hurtado, 2006 y 2018) que experimenta la población afrodescendiente.

Texto completo aquí.


Dra. Teodora Hurtado Saa
Profesora e Investigadora
DPTO de Estudios Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Guanajuato, Campus León

 

 

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Planes de Gobierno y población afrodescendiente de las Américas: invisibilización o desconocimiento

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Por Irene Abugattas (Perú)

¿Se acabó la esclavitud, desaparecieron los afrodescendientes?  Al parecer, eso es lo que pensaban nuestros políticos hasta hace pocos años y algunos lo siguen haciendo.

En 400 años, los afrodescendiente en América Latina, han sobrevivido a muchas atrocidades y luchado por sus derechos. Finalmente se abolió la esclavitud, pero la población negra en la región aun no llega a gozar de todos sus derechos a plenitud y en libertad.

Desde los años 1960s, existe una decena o más convenios y acuerdos, que garantizan el pleno ejercicio de los derechos de las poblaciones afrodescendientes en la región[1]. Al amparo de dichos documentos, pero sobre todo gracias a las luchas reivindicativas de los movimientos afrodescendientes, ha habido algunos avances en mayor o menor grado según el país. Aun así, la población afrodescendiente sufre de una notoria marginación.

En este sentido, el Perú es uno de los países que muestra mayor atraso.

Hay algunas barreras y obstáculos que impiden que las poblaciones afrodescendientes en el Perú logren reconocimiento como una etnia autónoma con su propio acervo cultural y un bienestar socioeconómico que les permita desarrollarse e integrarse.

La Constitución del Perú de 1993, vigente, no incluye a los afroperuanos. En el Capítulo VI, Del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas, el Art. 89 dice “El estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.” Es la única parte en la que la constitución se refiere explícitamente a poblaciones indígenas – aunque deficientemente, pero ese es tema de otra discusión – pero no hay mención alguna a la población afrodescendiente.

Texto completo aquí.

Fotografias facilitadas por Irene Abugattas.

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