Discriminación, invisibilidad y clasismo los no-lugar de la gente afromexicana en la política pública

Publicado en Dcimarrón N°14

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Dra. Teodora Hurtado Saa (México)

Introducción

América Latina y El Caribe representan una de las regiones del mundo de mayor diversidad cultural y fenotípica, como de presencia de población afrodiaspórica, condición histórica que retoma relevancia social, política y académica dados los acontecimientos de las últimas décadas: movimientos sociales de comunidades indígenas y negras,  reformas constitucionales que desde finales del siglo XX reconocen la pluralidad étnica y racial de los países de la región, acompañadas de la promulgación de políticas de acción afirmativa para las minorías racializadas, que en algunos países significa autonomía territorial y asignación presupuestal para el desenvolvimiento de las demarcaciones designadas para estos sectores de la población; al igual que de políticas de paz y procesos de desmovilización de grupos armados, entre otras acciones (Hurtado, 2018). Algunas de estas políticas responden a las demandas nacionales e internacionales de los pueblos indígenas y comunidades afro en todo el mundo, como lo evidencia la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban (Sudáfrica), de 2001, y la proclamación el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Sin embargo, estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han corroborado que las personas afrodescendientes (quienes representan el 30% de la población latinoamericana y caribeña) siguen enfrentando niveles exagerados de pobreza, exclusión y están sujetos a experimentar a perpetuidad los efectos de la discriminación por prejuicios racistas (Velázquez e Iturralde 2012 [2016] p. 101)

Desde el periodo colonial, la discriminación se inscribió como reflejo de un orden racial y social establecido, donde las poblaciones blanco/mestizas se situaron por encima de individuos considerados “indios” y “negros”, además de continuar cargando con los estereotipos y prejuicios racistas y clasistas (Restrepo, 2016 p. 6-7) en la modernidad. Esto significa que las personas negras se encuentran atravesadas, al mismo tiempo, por la interseccionalidad de múltiples categorías de opresión: raciales, sexuales y de clase, entre otras, a la vez que estas categorías tienden a correlacionarse como la noción de clase y raza (Hurtado, 2018), por ejemplo, percibiéndose y naturalizándose como sinónimo de pobreza, prejuicio que incrementa los efectos negativos de una discriminación que se ha normalizado (Gall, Vitale y Schmelkes, 2005; Hurtado, 2018; Martínez, 2019) y que lleva a que se considere a toda persona de tez oscura no solo como pobre sino también como proclive a la pobreza. Sin embargo, para Ana Laura Martínez Gutiérrez (2019 p. 13), mientras la sociedad mexicana reconoce y aceptar la existencia de clasismo, niega la práctica cotidiana del racismo, aunque ambos fenómenos se entrelazan. Ello significa que, el racismo y la discriminación racial están presentes en las entrañas de la sociedad latinoamericana, incluyendo a México, y anclados en distintas esferas englobando la política pública, donde muchas veces se configura en la forma de acceso inequitativo a la justicia, a la igualdad, a los programas sociales y a las políticas distributivas; y aunque, en la actualidad ni México ni ningún otro país del área tienen leyes o políticas públicas que formalmente nieguen o limiten a la población afrodescendiente (o a la indígena) (Velázquez e Iturralde 2012 [2016]), estas comunidades experimentan como cotidianidad el rechazo permanente al ejercicio de sus libertades y a sus derechos de ciudadanía.

Considerando que se cumplen dos décadas desde de la declaración de Durban y que restan tres años para que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, en este documento reflexionamos en torno a las acciones y política pública que, a nivel regional y particularmente en México, se han emprendido o no en favor de la poblaciones afro, presentando datos que dan cuenta de que los fenómenos de desigualdad y discriminación que afectan a la población negra se mantienen vigentes, debido a lo que he denominado formas de inclusión segmentada, racismo institucionalizado o racismo de Estado (Hurtado, 2018 p. 82). Asumimos que, contrario a lo que pretendían los gobiernos que circunscribieron y firmaron los acuerdos de Durban, entre ellos México, la política pública ha incidido pretendidamente o no para que desde el Estado se favorezca o discrimine a determinadas comunidades, territorios y personas racializadas. Así, el racismo institucionalizado se exterioriza y manifiesta como una forma de negación e invisibilización de las personas negras y de sus redechos, ejercido por parte de los gobiernos como desde la misma política de democratización y multiculturalidad que pretenden impulsar a nombre de la población afrodiaspórica.

En ese contexto, el presente ensayo expone una mirada crítica del legado de la colonización y esclavización que los acuerdos de Durban y durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes se visibilizan paro que no resuelven, y que los Estados de la región de Las América pretende enmascarar bajo de noción de democracia étnica/racial (Wade, 2011), de políticas de afirmación positiva y de pluralidad cultural, cuando en realidad históricamente ni siquiera distribuyen presupuestos públicos para atender sus necesidades o incluir en los censos y encuestas preguntas que contribuyen a estimar el tamaño de la población negra y, tampoco designan recursos para la atención de la pobreza o de la desigualdad basada en prejuicios y por discriminación. En ese texto planteo justamente realizar una mirada crítica de las políticas gubernamentales y de la invisibilidad que prevalece sobre la población afrodiaspórica en México,  tomando como fuente los resultados de investigaciones y diagnósticos que describen las desigualdades económicas, geográficas y la violencia a la que se enfrenta la población afrodescendiente y los territorios en los que habita; e igualmente, registrar la evolución de sus indicadores de calidad de vida, desde los años 90’ a inicios del presente milenio, periodo en que acontecen las reformas constitucionales en toda la región. Partiendo del supuesto de que los patrones de desigualdad, marginación y discriminación por condición étnica/racial se expresan como precariedad socioeconómica, lo que califiqué como la racialización de la pobreza, apoyada en las investigaciones, los planteamientos y los datos aportados por CEPAL (2001a y 2001b). y por algunos autores.

Entiendo que la condición étnica/racial en sí misma es una categoría de exclusión y discriminación, pero ésta no sólo se sobrepone a las demás categorías, sino que termina por reforzar tales disparidades y, en países como México y en otros de la región, se invisibiliza la presencia negra, se niega su existencia y se asume prejuiciosamente que toda persona negra es por antonomasia de origen extranjero; por tanto, no “existen” los afromexicanos. Pero dado que la discriminación racial se encuentra asociada a otras formas de disparidad por condición de género, clase, etnia, lugar de origen, capacidades y orientación sexual, no se puede negar que el factor étnico/racial en solitario y en correlación con la clase son pertinentes en sí mismos como categorías analíticas para evaluar y dar cuenta de estas desigualdades perpetuada desde la sociedad y el Estado (Hurtado, 2006 y 2018) que experimenta la población afrodescendiente.

Texto completo aquí.


Dra. Teodora Hurtado Saa
Profesora e Investigadora
DPTO de Estudios Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Guanajuato, Campus León

 

 

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