D’CIMARRÓN N°4
El 10 de enero del 2019, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley para la Prevención, eliminación y sanción del racismo y la discriminación racial al Congreso de la República. Desde D’Cimarrón no podemos sino aplaudir la iniciativa, que a pesar de ciertas falencias, era una deuda que tenía la República con sus ciudadanos.
Lo más destacado y valioso de esta propuesta, es sin lugar a dudas la diversidad de enfoques que tienen acerca del racismo y que son expuestos en el proyecto de ley de forma concisa: derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad, diferencia y ciclo de vida. A partir de allí, se acepta al racismo como un problema estructural y no como acciones particulares de ciudadanos retrógrados. El racismo fue la matriz que estructuró la sociedad colonial y la República no logró solventar ello.
A pesar de que los redactores del proyecto están conscientes de que el racismo es un flagelo multifactorial, paradójicamente designan como ente rector al Ministerio de la Cultura. Esta contradicción probablemente condenará a la posible ley a una serie de limitaciones que hubiesen sido resueltas, asignando a la Presidencia de la República o a un conjunto de Ministerios la rectoría de la ley. “Culturizar” el problema del racismo es relegar a la discriminación a un plano meramente simbólico o narrativo. Esperamos que sea resuelta esa paradoja, para entender que si el racismo opera como un factor de exclusión del sistema de salud, empleo y educación, el Ministerio del Trabajo, el de Salud y el de Educación, deberían compartir la rectoría. El mayor peligro que se corre el proyecto al endilgarle la rectoría al Ministerio de Cultura, es que la inclusión termine siendo “narrativa”. En países como Ecuador, se han constituido secretarías adjuntas a la Presidencia de la República de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que permite ser coherentes con la transversalidad estructural y multifactorial del racismo.
Otro aporte del proyecto que resulta positivo, es la construcción “históricamente discriminados”. Sin embargo, la “reparación” de esta discriminación histórica no aparece en el articulado del proyecto. Las llamadas “acciones afirmativas” no reemplazan a la reparación, ya que las primeras solventan el presente y la segunda, el pasado. Esperemos que los legisladores consideren esta diferencia.
La inclusión en el Código Penal del delito de incitación al odio racial, es una virtud del proyecto, anhelamos que las penas con respecto a este delito, no sean menores. Al mismo tiempo, como decíamos en el párrafo anterior, la lucha contra el racismo no debería ser solo punitiva, también aspiramos a que sean “reparadoras”. El racismo es un trauma social en el que el castigo sin reparación fragilizaría la lucha por su eliminación.
Por último, el uso de la categoría “pueblo” para los grupos indígenas y de “población” para los afrodescendientes, resulta perniciosa. ¿Bajo qué criterio se designa a los afrodescendientes como población y a los indígenas como pueblo? ¿El uso de una lengua propia? (Que vendría a ser la única diferencia real) Si este es el argumento, hace décadas que la antropología latinoamericana asumió que los grupos afrodescendientes no necesitan de una lengua para ser estudiados como culturas con saberes y epistemes propias. Este fallo, debe ser corregido, porque los afroperuanos son pueblo, no poblaciones.
Centro de Desarrollo Étnico CEDET.
