Martes, 18 Diciembre 2018

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Afrocorrupción. De África a la diáspora africana

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Por Jesús Chucho García

chuchoUnos de las grandes hipertrofias de la ética humana a lo largo de su historia es apoderarse ilícitamente de lo que no le pertenece. Muchas veces estas prácticas, popularmente conocida como “amig@s de lo ajeno”, se fue transformando en algo normal, y eso de ser normal se convirtió en una contra ética que desde siempre ha reinado en la sociedad sea del signo que sea: de izquierda, centro o derecha…, porque la corrupción permea ideologías y credos. Hoy la corrupción que rige al planeta es tan destructiva como el severo cambio climático que nos afecta. Es difícil hoy en día conseguir un gobierno  donde sus funcionarios en su mayoría de alto, medio o bajo nivel no hayan echado su "mordidita" a los recursos que nos pertenecen a tod@s, y eso es lo que se ha denominado "economía subterránea" designándola como “el conjunto de actividades que se realizan al margen de la legislación penal, social o tributaria y que en gran medida no se tienen en cuenta en la contabilidad nacional” (Correo de la Unesco: junio, 1999). En una época se llamaba así, hoy se llama "lavado de dinero"; así como los famosos paraísos fiscales donde los más ricos entre los ricos tienen sus capitales guardados desde Isla Caimán a Suiza o Panamá y de los cuales no han escapado los gobiernos aparentemente más honestos. Pero entremos a nuestro caso específico.

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La corrupción y la convivencia democrática en el Perú y América Latina

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Por Luis Tacuche Moreno.

tacucheSon indudables las conquistas democráticas en nuestra región. Sin embargo, estas no han resuelto una doble tarea. Por un lado, el consolidar la existencia de los derechos humanos en un plano práctico, puesto que existen en la legislación más no en concreciones significativas en la vida cotidiana de las personas. Por otro, el superar la frágil legitimidad que ha tenido la democracia en la subjetividad de las personas, dado que tiene tanto una dimensión objetiva como percibida. Es decir, la democracia no se ha expresado en la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos ni tampoco en las brechas de desigualdad que persisten (dimensión objetiva), contribuyendo así en la percepción de que la democracia es innecesaria y que los gobiernos se encuentran a merced de un grupo y no para el interés general (dimensión subjetiva).

Las cifras respaldarían estas premisas. Según Rojas (2013), el quintil más pobre concentra alrededor del 5% del ingreso nacional, mientras que el quintil más rico concentra alrededor del 50% del mismo. Además, precisa que la desigualdad se asocia con instituciones de mala calidad, debido a que [1] propicia la existencia de intereses discrepantes entre diversos grupos sociales [2] y provoca que las instituciones se queden capturadas por los grupos de poder, de modo que su acción se encuentra vinculada con intereses particulares más que al bien común, al mismo tiempo que [3] disminuye la disposición de acciones de cooperación y alienta las prácticas de corrupción. Esto se reafirma con cifras del Informe Latinobarómetro (2017), debido a que el 75% percibe que su país se encuentra gobernado por un grupo poderoso para su propio beneficio (Perú 80%, Brasil 97%). Sumado a esto, en el caso peruano, el grado percibido de corrupción es el más elevado de América Latina al 2017, sea en el gobierno (8.4), congreso (8.5) o en tribunales de justicia (8.2); mientras que, sobre la percepción sobre la democracia, solo el 5% de ciudadanos/as señala que existe una plena democracia, en tanto que un 45% señala que existen grandes problemas en ella.

Esta realidad hace entender a la convivencia democrática como una aspiración o un proyecto (Guzmán, 2013), más que como un punto de partida, de modo que otros factores condicionarán la cercanía de nuestras sociedades a la convivencia democrática y, por consiguiente, sus fluctuaciones. Bajo esta premisa, diversos factores pueden influir, como los niveles de pobreza o violencia, los niveles de gobernabilidad, las redes de capital social, reconocimiento de derechos, niveles de corrupción, entre otros. Sobre esto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que la gobernanza y convivencia democrática se ven mediadas por ciertos factores, como [1] relaciones verticales (relación ciudadano-autoridad pública), [2] confianza en las instituciones o personas, [3] relaciones horizontales (percepciones sobre el respeto, tolerancia, diálogo), [4] percepción sobre seguridad en la comunidad y la [5] percepción de estabilidad a futuro. Mejor dicho, en la interacción de sujetos/as frente a instituciones.

Entonces, convivencia democrática no solo significa la “estabilidad” de nuestras instituciones o el “vivir” de uno/a con quien piensa distinto/a, supone también aquellas relaciones cotidianas democráticas que se ven mediadas por redes de poder y que, al mismo tiempo, se encuentran sumergidas en nuestra interacción con instituciones oficiales o extra oficiales.

Así se puede entender a la corrupción, debido a que, a pesar de la igualdad ante la Ley, se han cristalizado relaciones discursivas reconocidas por los/as sujetos que pretenden asumir una posición de ventaja [o beneficios] respecto de otros, es decir, se asumen los mismos significantes y se comprende un lenguaje que tolera y legitima prácticas corruptas, generando que el proyecto de convivencia democrática se vea dinamitado. En otras palabras, la corrupción ha asumido un lenguaje estandarizado en las prácticas cotidianas, de manera que “no se limita exclusivamente a una esfera política, sino a la cotidianidad donde este lenguaje es construido, practicado y fecundado. Se trata entonces, al hablar de un lenguaje, de una relación y no de un acto individual, de una práctica conjunta, de una actividad social” (Mujica, 2004, p.44).

El vínculo entre corrupción y convivencia democrática debe asumirse desde lo micro y lo macro. Desde un nivel institucional (macro), como aquella formación de condiciones y desarrollo de saberes y mecanismos de poder cristalizados que legitiman prácticas sociales materiales e institucionales, hasta un nivel de aquellas prácticas discursivas y representaciones simbólicas presentes en nuestra cotidianidad (Foucault, 1999), debido a que ambas dimensiones se encuentran retroalimentándose y dan cabida a realidades como las que atraviesan nuestros países.

Respecto al nivel institucional, Labalqui (2003) concluye, bajo un estudio realizado con una muestra de 107 países, que [1] la corrupción se encuentra en función al nivel de desarrollo de un país (sea medido a través del PBI per cápita o a través del IDH), además, que [2] una mayor democratización no implica una reducción automática de la corrupción. Sumado a esto, que [3] el grado de libertad económica es un factor que influye sobre los grados de corrupción, debido a que en algunos países un crecimiento de la libertad económica disminuye los niveles de corrupción, pero en otro bloque aquellos países que transitaron aceleradamente al mercado sufrieron altos niveles de corrupción. Respecto al nivel micro, Proética (2015) realizó una encuesta en la que preguntó ¿Considera usted que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo? A la cual el 51% de los entrevistados respondió que sí, expresando así una alta tolerancia a la corrupción.

No obstante, Proética (2017) realizó una nueva encuesta donde incluyó la misma pregunta, encontrando una reducción drástica al 15%, es decir, una reducción del 36%, hecho que probablemente se vea influenciado por el caso Lavajato y su vinculación con parte de la clase política peruana. Sin embargo, pese al rechazo de casos de macro-corrupción, la micro-corrupción es una práctica institucionalizada, debido a que dos de cada tres encuestados no considera como negativo el pago de sobornos para evitar una multa, el acelerar trámites o el piratear servicios públicos, atribuyendo como razón que si uno no paga "las cosas no funcionan".

Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción como forma de construir un proyecto de convivencia democrática atraviesa diversos desafíos, que supondrán profundas reformas de nuestras instituciones, la renovación de la clase política y, sin menor importancia, cambios radicales en la subjetividad de los/as ciudadanos que legitiman estas prácticas.

Referencias:

Corporación Latinobarómetro (2017). Informe Latinobarómetro 2017. Buenos Aires, Argentina.

Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona, España: Paidós.

Guzmán, J. (2013). Gobernanza y convivencia: preguntas en clave democrática. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 37-46). San José, Costa Rica: FLACSO.

Labalqui, I. (2003). Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Colección Año IX, 1(14), pp. 155-196

Mujica, J. (2004). Palabras Corruptas El lenguaje de la corrupción o la corrupción como lenguaje. Anthropía, 1(3), pp. 40-44.

Proética (2015). Novena encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Proética (2017). Décima encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Rojas, F. (2013). Gobernabilidad y convivencia democrática: miradas desde la gente. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 19-35). San José, Costa Rica: FLACSO.

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La corrupción en América Latina… corrupción en sí misma

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Por Carlos O. López Schmidt.

clsSegún el diccionario de la Real Academia Española corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho económico o de otra índole, de sus gestores.

Según vemos, la corrupción desbordó el concepto de la RAE desde antes de ser definida.

No existen datos precisos sobre la aparición de la corrupción sobre la faz de la tierra. Si bien en un principio se pensaba que la corrupción solo se encontraba en las esferas públicas, en nuestra época esta atraviesa todos los estratos sociales. Según Mark Wolf[1] “existen distintas formas de corrupción que impactan en forma desigual en la vida de la gente común”. Podemos llamar corrupción “menor” aquella a la cual los ciudadanos de a pie nos enfrentamos a diario, esos pequeños actos en los cuales nos saltamos algunas reglas a cambio de la entrega de alguna prebenda o premio, por ejemplo, la propina  (coima, mordida, aceitada) al agente de la ley cuando cometemos una infracción de tránsito, la propina al funcionario público para que agilice nuestro trámite u obtener rápidamente resultados en los servicios públicos; intervenir ante algún amigo o conocido para que un amigo o pariente logre un trabajo, un contrato o cualquier otra situación que signifique una mejora económica o social aun existiendo otros con mejores calificaciones y/o condiciones que él para obtenerlo.

Según el mismo Wolf, también existe la “gran” corrupción, que resulta del abuso de un cargo por parte de funcionarios públicos o líderes de una nación para su beneficio privado, particular o el de una persona o grupo cercano a ellos.

Desde siempre nos han hecho creer que solo las denominadas “grandes corrupciones” dañan a los países… Las cifras nos demuestran que no es así.

El año 2015 noventa millones de latinoamericanos aceptaron haber pagado algún tipo de soborno… Según las Naciones Unidas cada año se paga en el planeta 1 billón de dólares en sobornos y cada año los países pierden 2,6 billones de dólares debido a la corrupción, más del 5% del Producto Interno Bruto mundial, con solo la mitad de esta suma se lograría sacar de la pobreza a muchas de las poblaciones vulnerables.

Pero, las “grandes corrupciones” son solo la punta del iceberg, con una ancha base de 2,6 billones de dólares anuales perdidos por todas las pequeñas corrupciones que cometemos a diario. Desde la familia, desde lo cotidiano, desde lo vecinal, cada día pequeñas acciones “corruptas” van alimentando esa “gran” corrupción. Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes brindamos los insumos para que este gran monstruo llamado corrupción devore día a día nuestros recursos, nuestras esperanzas, nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Si en Venezuela, hoy el país más corrupto de América Latina sus ciudadanos se hubieran opuesto a las “pequeñas” desviaciones jurídicas de su líder Hugo Chávez, que protegían e impulsaban la corrupción, hoy sería otra la situación de este hermano país. Haití, Nicaragua y Guatemala son después de Venezuela quienes ocupan los puestos más altos del rating de la corrupción.[2] Casualmente, en estos países se encuentren las leyes más débiles en todos los niveles. Según Transparencia Internacional, Chile se encuentra entre los menos corruptos de América Latina, debido a que supo construir leyes fuertes, que castigan no solo los delitos de corrupción sino también todos los demás pequeños delitos. Es sumamente improbable en Chile cometer una infracción de tránsito y que el representante de la ley (Carabinero) la perdone a cambio de una “coima”, hecho común en Perú, Argentina, Colombia, México, y casi el resto de América Latina.

No existe país en el mundo en el que sus ciudadanos perciban que no hay corrupción. Canadá, según distintos organismos internacionales el mejor país del mundo para vivir, tiene, según sus propios ciudadanos, ocho puntos de corrupción sobre 100. Una cifra muy baja, pero… corrupción, al fin y al cabo.

En el hermano país de Colombia, la percepción de corrupción ha descendido en los últimos dos años -un punto por año- debido a que vienen implementando cambios sustanciales en sus leyes. En el Perú, la percepción ha disminuido ligeramente en los últimos meses debido al enjuiciamiento y hasta encarcelación de algunos “poderosos” envueltos en escándalos de corrupción (el expresidente Ollanta Humala y su esposa, 10 días de “prisión preliminar” para la lideresa de la mayor fuerza política del país Keyko Fujimori.[3] Al igual que en el Perú, en algunos países la percepción de corrupción ha disminuido debido al enjuiciamiento y persecución de los implicados en el caso “Odebrecht”, el mayor escándalo de América Latina, que ha involucrado a presidentes, expresidentes, candidatos presidenciales y funcionarios públicos, de (si solo nombramos países de habla hispana) Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Venezuela, entre los cuales habría repartido, según cifras aproximadas, 322 millones de dólares, si según los datos de las Naciones Unidas cada dólar pagado por la corrupción equivale a 2,6 dólares de pérdida, podemos asumir que solo  un caso de corrupción ha robado a los países mencionados casi 1000 millones de dólares en posibilidades de desarrollo, educación, salud, vivienda, mejores condiciones de vida para sus pobladores. Debemos entender que cada dólar que entrega la corrupción no contribuye a la mejoría del país sino de una determinada persona o grupo de personas, en cambio cada dólar que sale de ese país debido a la corrupción es sacado de los bolsillos y de las posibilidades de mejor calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos.

Seamos claros, la corrupción -grande o pequeña- no solo  destruye la economía de un país sino también, y lo que es peor, la fe de sus ciudadanos, su moral, sus ansias de progreso, sus esperanzas en una vida mejor, les arranca su futuro. La corrupción distorsiona por igual la moral del niño que no ve recompensados sus esfuerzos con buenos puntajes, como al funcionario público que siente lo mismo. No es simple combatir ni acabar con ella, no es simple dejar de alimentarla desde lo cotidiano, porque nosotros, los latinoamericanos, nos sentimos y “somos los más vivos” cuando no pagamos en un transporte público o callamos cuando al comprar algo nos dan cambio de más; cuando llevamos regalos a los profesores de nuestros hijos para que les mejoren sus puntajes, cuando saboteamos a la o al compañero más capaz para lograr el ascenso que le corresponde. Para Wolf estas son “pequeñas” corrupciones, para mí, estas son las peores; porque son el caldo de cultivo, el alimento de las “grandes” corrupciones; porque si nosotros somos pequeños corruptos, con qué reserva moral podremos reclamarle luego a los grandes corruptos. Porque no hay ente, no hay monstruo que nazca grande, ni aún la corrupción, esta nace pequeña y va creciendo, cada vez crece más… Si nosotros, ciudadanos de a pie, cada día nos involucramos en pequeños sobornos: al empleado del municipio para pagar menos impuestos por nuestras viviendas; al empleado de la compañía eléctrica para que no nos corte el suministro por deuda; al agente de la ley para evitar nos levante una infracción; a un juez para que falle a nuestro favor en un pequeño conflicto… Cómo podemos reclamarle luego a ese mismo juez que -gracias a otro soborno- libere a un pedófilo. Si en nuestra vida cotidiana somos “pequeños” corruptos, cómo podemos reclamar leyes fuertes contra la corrupción.

No hay corrupciones grandes ni pequeñas del rango y de poco.

Al parecer, aplicando una regla de tres simple se puede “disminuir”[4] la corrupción. A más leyes fuertes, menor corrupción; a menor impunidad de los corruptos, menor corrupción; si los corruptos caen, la fe del pueblo en su futuro crece. Leyes fuertes que se cumplen, instituciones fuertes, independencia real de los poderes del Estado, ciudadanos informados y comprometidos, contribuyen y aseguran el equilibrio social y moral de una nación.

Solo acabando con las pequeñas corrupciones extirparemos de raíz las grandes. Podremos recuperar la dignidad y la fe en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestras autoridades, en nuestros países. Solo así podremos lograr un futuro mejor para nosotros, nuestras familias, nuestros descendientes, nuestro país.

Tal vez esta democracia imperfecta ya terminó su etapa (sin haber cumplido jamás a cabalidad los objetivos para las que fue creada) y sea hora de cambiarla por un nuevo sistema que, conservando lo mejor de ella, sea capaz de devolver el poder real a las mayorías…

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos si no, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.”[5]



[1] Juez de Estados Unidos que logró reconocimiento del gobierno y la prensa por haber supervisado diversos casos de corrupción en el distrito de Massachusetts.

[2] Transparencia Internacional “Informe anual global sobre la percepción de corrupción del sector público. 2018. Perú ocupa el puesto 37 en corrupción entre una lista de 180 países.

[3] Al momento de ser escrito este artículo aún no se conocen los resultados sobre el pedido de prisión preventiva para Keyko Fujimori.

[4]  Entrecomillo disminuir porque parece imposible acabar con ella, ni en países donde la corrupción puede conllevar la pena de muerte, como en China; ni en países con alto grado de desarrollo económico, social y legislativo, como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y el propio Canadá, “el mejor país del mundo para vivir”.

[5] Escritora estadounidense (nacida rusa) Alissa Zinovievna, seudónimo Ayn Rand. 1905-1982. 

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El activismo social en jóvenes afrodescendientes: principales desafíos y retos

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Por Jazmín Reyes Paredes.

reyesPoco se ha hablado de la afrocorrupción en las luchas de las y los afrodescendientes en América Latina. Creo que pudiéramos abrir dos niveles de esa lucha por una afroética en la gestión del Estado y de quienes reciben recursos como ONG u organizaciones sin fines de lucro. En primer lugar después de la III Conferencia contra el Racismo, en Durban (2001), nuestros países abrieron espacios por insistencia nuestra en los Estados. Se crearon ministerios, viceministerios, institutos, oficinas, con sus respectivos presupuestos y cargas burocráticas. También por otro lado se reclamaron cuotas parlamentarias. Es tiempo de que hagamos una evaluación que ha pasado con esas instituciones, donde están los resultados cualitativo de esas gestiones y como se erogaron los diferentes presupuestos. Por otro lado deben evaluarse los aportes recibidos por las organizaciones afro, bien sea por parte de los Estados nacionales o las grandes ONG internacionales. Debemos insisto en construir nuestra afroética como aspiración de lo que debe ser una sociedad transparente… la o el afrocorrupto debe ser identificado como dice un adagio africano: “La lluvia moja las manchas del leopardo pero no se las quita”.

El activismo social en jóvenes afrodescendientes: principales desafíos y retos

En el contexto de la lucha contra la discriminación racial, el movimiento afroperuano enfrenta un proceso de articulación, el cual debe incluir diversos cuestionamientos que nos lleven a la deconstrucción de diferentes patrones y actitudes que dañan al movimiento afroperuano y a las diferentes organizaciones que lo conforman. En el presente artículo se analizará, cuales son los desafíos de los y las jóvenes afroperuanos/as que son parte del movimiento afroperuanos, dentro de una sociedad que busca un camino hacia la democracia y hacia el cumplimiento de los derechos humanos.

Los y las jóvenes afroperuanos/as están expuestos/as, desde etapas muy tempranas, a experiencias de discriminación racial (Arrelucea y Cosamalon, 2015). Frente a estas situaciones, se pueden presentar diferentes estrategias de afrontamiento, las cuales pueden variar de acuerdo a las experiencias, vivencias y motivaciones del individuo (Espinoza y Cueto, 2014). Lo cierto es que, frente a la violencia racial, las poblaciones históricamente invisibilizadas reaccionan de diferentes maneras, de acuerdo a la deconstrucción que tengan sobre su propia identidad étnica–racial. Ya sea desde el silencio o desde una posición clara sobre la identidad afrodescendiente, se puede decir que estas estrategias dependerán del contexto o de las experiencias en sí mismas (Espinoza y Cueto, 2014). Sin embargo, se comienza a formular la siguiente pregunta: ¿qué es lo que genera que una persona afrodescendiente decida ser parte de un movimiento social o que tenga alguna participación dentro de una organización, colectivo o de manera independiente? ¿Acaso los y las jóvenes afrodescendientes que han experimentado discriminación racial, en su mayoría, son activistas? ¿El activismo afrodescendiente es la única respuesta? En todo caso, frente a estas interrogantes, ¿qué es ser activista? ¿Qué nos convierte en activistas? ¿Cuáles son los desafíos como activistas afrodescendientes dentro de una sociedad plagada no solo por el racismo, sexismo, misoginia, homolesbobitransfobia; sino también por prácticas asociadas a la corrupción?

El activismo social se puede entender desde una respuesta colectiva frente a una situación política y/o social insatisfactoria, en donde se busca encontrar respuesta o al menos, diversas soluciones o posibles alternativas de transformación social (Pineda, 2017). Para muchos jóvenes afroperuanos/as, el activismo social ha resultado ser una plataforma de cambio social por la cual cambiar las diversas situaciones de discriminación racial que el Estado peruano no ha sido capaz de solucionar de manera satisfactoria (Pineda, 2017). Y, aunque el activismo social no es la única respuesta que los y las jóvenes afrodescendientes han encontrado para hacer frente al racismo, sí es una respuesta bastante legítima, que nos plantea diferentes responsabilidades y desafíos.

Sin embargo, retomando la pregunta antes planteada, ¿qué nos convierte en activistas? ¿Será que existe una serie de pasos para llegar a serlo? ¿Acaso solamente al ser parte de una organización o de un colectivo afrodescendiente, se puede legitimar el activismo social? Por supuesto que no, el activismo afrodescendiente y cómo se desarrolle el mismo, va a depender de las propias motivaciones, experiencias y vivencias. Por lo tanto, se puede afirmar que uno de los desafíos de el/la joven afrodescendiente activista es plantearse desde qué lugar, rol o experiencia desea desempeñar su activismo social. Y más importante aún, plantearse cual será el camino que busca recorrer, así como el discurso que desea tener y los espacios en los que desea ser parte de manera activa.  Y frente a esto, buscar la honestidad, en sus espacios de participación de activismo social, evitando, de esta manera, la instrumentalización de algunos discursos que pueden ser percibidos como “políticamente correctos” o socialmente aceptados, para poder ser parte de algunos espacios y vincularse con algunas personas. Es en ese sentido que, la coherencia es uno de los desafíos más importante que deben tener los/las jóvenes activistas afrodescendientes. Entendiendo a la coherencia como un ejercicio constante, de deconstrucción continua y de debate colectivo que tiene el único objetivo de encontrar el equilibrio entre el discurso y el propio accionar.

Por otro lado, es importante aclarar, en este punto, que los contextos de activismo social resultan ser espacios de privilegio, en donde, generalmente, las personas que pueden acceder son los y las jóvenes que acceden al espacio académico-universitario. Estos espacios son capaces de desarrollar o fortalecer su capacidad de cuestionamiento sobre la sociedad en la que viven y aportar desde diferentes espacios, carreras, profesiones y diferentes habilidades y capacidades. El cuestionamiento, en ese sentido, es otro de los desafíos más importantes y urgentes que deberían ser parte del día a día de los y las jóvenes activistas afrodescendientes. De hecho, el cuestionarse de manera constante nos lleva a analizar qué prácticas son coherentes y qué prácticas no lo son, cuales son las luchas prioritarias y cuáles son los mínimos negociables en la lucha de los derechos humanos. Cuando se habla de prácticas coherentes en el activismo social, aparece una pregunta esencial e imprescindible. ¿Los espacios de activismo social están libres de prácticas antidemocráticas? ¿Se encuentran libres de actos de corrupción? ¿Los espacios de activismo social tienen claro cuáles son las luchas prioritarias y cuales son mínimos negociables? En repetidas ocasiones, los y las jóvenes activistas afrodescendientes enfrentan prácticas antidemocráticas e incoherentes dentro de espacios de activismo social, espacios supuestamente seguros en donde no deberían existir ese tipo de acciones. Sin embargo, existen porque las organizaciones y colectivos que forman parte de los movimientos sociales son, en parte, el reflejo de cómo funciona la sociedad a nivel del Estado e instituciones. Estas prácticas que dañan a los movimientos sociales deben ser visibilizadas, con suma urgencia, con el único objetivo de que los movimientos sociales, en este caso, el movimiento afroperuano, no se desarticule y rompa alianzas que durante décadas ha costado fortalecer. Dentro de ese proceso de visibilizacion de prácticas antidemocráticas se debe incluir un proceso de cuestionamiento que tendría que conducir a la deconstrucción de este tipo de accionar.

Por último, dentro del enfoque de este artículo, se puede afirmar que otro de los grandes desafíos que deben enfrentar los y las jóvenes afrodescendientes activistas es la importancia que se debe resaltar en los procesos de autocuidado dentro de las experiencias del activismo social. Muchas veces se infiere que respuestas psico-emocionales tales como ansiedad, depresión, tristeza, entre otras frente a experiencias de discriminación racial; no ocurren a personas que se denominan activistas. La inferencia reside en que el imaginario colectivo asume que los y las jóvenes activistas afrodescendientes “han superado el racismo” y se tendrían que mostrar siempre de manera segura y confiada ante este tipo de experiencias. ¿Será posible “superar el racismo” en una sociedad cuyas prácticas racistas son continuas, constantes y casi rutinarias para muchos jóvenes afrodescendientes? Lo que se logra, es encontrar espacios de afrontamiento saludables frente a estas situaciones, como son los espacios de activismo social. Por lo tanto, tomar en cuenta los procesos de autocuidado, en jóvenes afrodescendientes que recién empiezan a participar en estos espacios es sumamente importante. Se trata también de ser coherentes con nuestros sentires como jóvenes afroperuanos/as activistas, de realizar un activismo afroperuano desde la honestidad y la coherencia de nuestras emociones. No es un nuestro deber educar a las demás personas frente a actos racistas, no es nuestro deber explicarles porque existe racismo y cuáles son nuestras vivencias como mujeres negras. Las demás personas que forman parte de esta sociedad, a quienes el racismo no les atraviesa, que no tienen las mismas experiencias que las personas afrodescendientes, es su deber trabajar en su propia deconstrucción, aceptar que tienen o han tenido un discurso o accionar racistas y, a partir de ello, transformarse hacia un pensamiento y accionar más descolonizador.

Frente a estos desafíos antes descriptos, se puede decir que, dentro del activismo afroperuano, aún queda mucho por deconstruir, cuestionarse y hacer desde la honestidad, la coherencia y el amor hacia nuestra identidad afroperuana.

 

 Bibliografía:

Arrelucea, M., y Cosamalón, J. A. (2015) La presencia afrodescendiente en el Perú: Siglos XVI – XX. Perú: Ministerio de Cultura.

Espinosa, A. y Cueto, R.M. (2014). Estereotipos raciales, racismo y discriminación en América Latina. Psicología social y política, 0 (1), 431-442. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/277332573_Estereotipos_Raciales_Racismo_y_Discriminación_en_America_Latina

Pineda, E. (2017, 4 de noviembre) Afroportunistas. Recuperado de http://www.lr21.com.uy/mundo/1348213-afroportunistas-esther-pineda-g

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Paramilitares, parapolítica y población afrocolombiana

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Por Daniel Mathews C.

DMCEn el Perú cuando hablamos de paramilitares pensamos en grupos ligados al poder: Rodrigo Franco al APRA, Grupo Colina al fujimorismo. En Colombia los paramilitares fueron creados por la oligarquía ligada al narcotráfico. Se llamaron a sí mismos “autodefensas” y encontraron su “justificación” en el accionar guerrillero de las FARC y el ELN pero aparentemente desligados de las fuerzas políticas y, por cierto, del propio gobierno.

He puesto entre comillas justificación porque si fuera cierto que se han organizado para autodefenderse tendrían que haberse desarmado apenas se firmó el acuerdo de paz. He dicho que aparentemente estaban desligados porque ya desde el 2002 el senador Gustavo Petro comenzó a denunciar la relación entre Álvaro Uribe y los paramilitares.

En el 2006 ya dejó de ser una denuncia aislada. Quedó claro que eran varios políticos los que alcanzaron cargos públicos, desde alcaldías hasta el Congreso, por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil. Una vez logrado esto desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado de pueblos enteros, entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.​ A esto se le llamó “parapolítica”.

Pero no solo eran algunos políticos menores. Las investigaciones, tanto de la prensa como de la fiscalía, dieron como resultado la implicancia del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. La cosa fue tan grave que los propios Estados Unidos, normalmente tan permisivos con los gobiernos de derecha, tuvieron que reconsiderar las que tenían con Colombia. La reunión programada entre Álvaro Uribe y Nancy Pelosi en marzo del 2007 para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio terminó sin tocar el tema. Lo que si se tocó fue la relación entre el gobierno y los paramilitares. Mientras Pelosi le exigió condenas ejemplares para los militares a los que se les demuestre vínculos con los grupos de autodefensa, Uribe declaró que bien pudo aliarse a los paramilitares para hacer una lucha conjunta contra las guerrillas y que los resultados hubiesen sido exitosos.

Para el año 2013 habían sido condenados sesenta congresistas por sus vínculos con grupos armados ilegales dentro de este proceso. Igualmente habían sido condenados numerosos funcionarios del Estado así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país.​

El 2016 quedó claro que la relación entre Uribe y los paramilitares no tenía nada que ver con la derrota de las FARC. Al contrario no quería que las FARC dejen las armas. Supongo que es el primer caso en el que luego de una guerra larga (medio siglo en este caso) y con demasiados muertos se llama a votar contra la paz… y se gana.

Este año Álvaro Uribe ha tenido que renunciar a su puesto en el Congreso para someterse a investigación fiscal.

INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS: LOS MÁS AFECTADOS

El informe de Amnistía Internacional sobre Colombia para el 2017 dice: “La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguía siendo la más afectada por el conflicto armado que aún continuaba”. Y la pregunta que me han repetido varias veces es ¿pero no hay un acuerdo de paz? Sí, y las FARC lo ha respetado. Quien no lo respetó nunca fue el gobierno de Santos. El acuerdo decía que se haría sustitución concertada de cultivos de uso ilegal y esos cultivos han crecido. Ahí donde se ha erradicado ha sido por la fuerza y con muertos. El acuerdo decía que se reprimiría a los paramilitares y Santos ha llegado a decir que simplemente no existen. Le faltó decir que los muertos se mataron entre ellos. Pese a las estipulaciones del “Capítulo Étnico” del acuerdo de paz, hubo denuncias de falta de garantías para la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la implementación del acuerdo.

Lo peor del caso, según el mismo informe de Amnistía Internacional, son los asesinatos selectivos. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, profesores interculturales, periodistas, activistas de sustitución de cultivos, homosexuales y un largo etcétera están condenados a muerte, según se lee en los volantes que reparten, con total impunidad, los Águilas Negras y otros grupos de “autodefensa”. Las poblaciones más afectadas son las indígenas y afrocolombianas: Antioquia, Cauca, el Chocó y Norte de Santander. Ahí están concentrados los desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios (lo cual limitaba su libertad de circulación y su acceso a alimentos y servicios esenciales), reclutamientos forzados de niños y niñas, violencia sexual y uso de minas terrestres antipersonal.

EL GOBIERNO DE DUQUE CONTINÚA LA PARAPOLÍTICA

Iván Duque en su discurso de posesión el 7 de agosto, habló de proteger la vida de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; después en actos públicos volvió a referirse a detener los asesinatos selectivos y coordinados, en los que cada día matan a un líder comunitario. Sin embargo, el balance de muertes en agosto aumentó. Solo en un mes fueron treinta y cuatro los líderes asesinados.

En rechazo a este Genocidio de “limpieza política”, representantes a la Cámara y Senadores realizaron el 5 de septiembre, una Audiencia en el Congreso de la República en la defensa de la vida de los líderes, donde denunciaron las diferentes modalidades de persecución que usa el régimen en contra de la protesta social y los opositores políticos, tales como el desprestigio que los muestra como “redes de apoyo” de la subversión, las amenazas por medio de agentes paraestatales, la persecución judicial, los seguimientos ilegales. Los Congresistas de la oposición le exigieron al Gobierno que muestre resultados en proteger la vida de los líderes y defensores de Derechos Humanos. Todo parece indicar que el triunfo del uribismo ha significado el regreso de la parapolítica.

Al observar las víctimas de los últimos días, queda evidente qué tejido social representa, cómo repiten las modalidades del crimen, la actitud del Estado y la impunidad en que los hunde.

Y nuevamente son afrocolombianos los que están puestos en la mira. Es el caso, por poner solo un ejemplo, de Alirio Antonio Arenas Gómez. Él desarrollaba su activismo en la vereda San Isidro, zona rural de Convención, donde era el Presidente de la Junta de Acción Comunal. Se trata de una región que por décadas ha mantenido un liderazgo social en la movilización ciudadana, pues las condiciones de pobreza, abandono estatal y violencia, ha llevado a que las comunidades estén organizadas.

Había sido elegido concejal de La Convención por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que está luchando por la implementación de los acuerdos de paz. También hacía parte del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP); participó en la campaña presidencial de Colombia Humana. Reconocido como un líder natural de la Provincia de Ocaña, Norte de Santander.

Alirio había denunciado amenazas de muerte en su contra, pero no le habían designado un esquema de seguridad, a pesar que ya había sido aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los sicarios le quitaron la vida en la madrugada del 2 de septiembre, en el barrio Belén de Ocaña, zona que se encuentra altamente militarizada. En este atentado también resultó herido Johnny García Guerrero.

Paula Monteverde, editora en Facebook de “Colombia Vive” y a quién le mataron una hija de siete años, nos dice que esto “es un Genocidio Político porque observamos una matanza de líderes de las capas medias y bajas de la sociedad, excluidos y empobrecidos; perpetrada por una élite derechista violenta. Minorías súpermillonarias que se resisten a ceder privilegios y a cualquier cambio que acabe la desigualdad social; por esto se oponen a las mayorías nacionales que luchamos por paz con justicia social”.

Ver más información en https://www.facebook.com/Colombia-Vive-1909894049223413/

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