Lunes, 22 Julio 2019

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POLÍTICA

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Las políticas de desarrollo del pueblo afrocolombiano

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"Tenemos que arrancarnos de los ojos las vendas que nos impiden ver lo que se esconde detrás de las palabras alienadoras"

Por Jhoannes Rivas Mosquera.

joannesEntrar a examinar la política de desarrollo, presupone comprender como punto de partida para su análisis, los principios fundamentales o fundacionales de todo país, en donde nuestra patria colombiana aceptó erigirse a partir de su artículo 7 de la Constitución Política de 1991 “como una sociedad multicolor determinadora socialmente del multiculturalismo y nacionalmente pluricultural”. Esto lo que quiere significar, es que para la toma de decisiones  que sean de interés general “erga omnes”, tiene que tomarse con la plena participación (interlocución y concertación) de los integrantes de las naciones que componen la nacionalidad colombiana (Pueblos Étnicos Organizados).

Pero desafortunadamente, cuando se va a planificar las políticas públicas en clave de desarrollo nacional, casi siempre no se tiene en cuenta en su estructuración, la participación activa y decisión de los grupos étnicos, a fin de proteger su diversidad étnica y cultural, las cuales se han visto históricamente perjudicadas con la ejecución de las políticas con visión de desarrollo nacional, en sus condiciones de vida, modos de subsistencia y soberanía alimentaria, cuando se ponen en marcha proyectos capitalistas y neoliberales.

Así las cosas, estas precariedades terminan tocando fondo, por la matriz ideológica racista incubada en la institucionalidad colombiana, que no obstante de existir un reconocimiento legal a la población afrocolombiana como sujeto de derecho en la Ley 70 de 1993 y, la expedición sucesivas de los diferentes CONPES en favor del pueblo afrocolombiano con énfasis territoriales y poblacionales, dentro de los cuales podemos mencionar: Los CONPES 2909 de 1997, el 3169 de 2002, el 3310 de 2004, el 3660 de 2010, el 2589 de 1992, el 2892 de 1996, el 3058 de 1999, el 3180 de 2002, el 3410 de 2006, el 3491 de 2007 y el 3553 de 2008, en ellos se siguen profundizando lo que ha denominado el sociólogo Hamington Valencia Viveros los imaginarios socioraciales, los cuales determinan de forma significativa el alcance o logro de estas políticas públicas de acciones afirmativas y, dan cuenta que las leyes son una representación continuada de los conflictos sociales y la reproducción del racismo estructural e institucional homogenizante.  

Estos cuadros flagelantes, sumados al abandono histórico y a la poca inversión institucional, han traído consigo los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, representadas en las siguientes estadísticas, en las cuales podemos observar que mientras la cobertura de educación secundaria para la población no afro es de 75%, la de la población afrocolombiana es inferior, y alcanza tan solo un 62%. Además de lo anterior, el porcentaje de afrocolombiano que ingresan a la educación superior (14%) es menor que el del resto de la población (26%), lo que se traduce en que en el país la población afrocolombiana profesional alcance tan solo un 4%, frente al 7% de la población no afro. En cuanto a la tasa de alfabetismo, el promedio para la población afro está por debajo del promedio nacional (86% frente a 88%). En lo relativo a la salud, los afrocolombianos presentan mayor porcentaje de población no asegurada (51%) en comparación con el del resto del país (35%). Asimismo, un menor porcentaje de la población está afiliada a los regímenes subsidiado y contributivo, con 21% y 25% respectivamente, frente a un 23% y 36% del resto de la población.

Un análisis detallado de estas desventajas estructurales en lo que atañe a la educación superior evidencia profundas inequidades; el 5,1% de los afrocolombianos tiene educación superior y postgrado, frente al 8,9% de la población no étnica, en las cabeceras municipales el promedio es del 6,6% frente al 11% en la población blanco-mestiza. Esta diferencia se mantienen aún en territorios constituidos por poblaciones mayoritariamente afros; en Buenaventura el 4,3% de la población afro tiene educación superior y postgradual, frente al 6% en la población no étnica, pese a que el 88% de sus habitantes son afrocolombianos; en Cartagena la población afro alcanza el 6,7% frente al 13,7% en la población no étnica, pese a que los afros representan el 74% de la población cartagenera; en Cali los afros representan el 54% de la población, sin embargo, solo el 6% tiene educación universitaria y postgradual, frente al 13,4% de la población no étnica. Si a ello se le suma un análisis regional la situación es más desproporcional; mientras que en Buenaventura la población afro con educación superior y postgradual solo alcanza el 4,3%, la población no étnica o blanco-mestiza en Bogotá registra un porcentaje de 17,1% y en Cali de 13,4%.

En tal sentido, no me quedará más que recomendarle a todo el movimiento afrodescendiente internacional, que en el marco del Programa del Decenio Internacional Afrodescendiente establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 68/237, a que trabajemos fuertemente por reducir la duplicidad de esfuerzos en términos político/organizativos, a fin de consolidar de una vez por todas, una agenda global estratégica que nos permita obtener de las Naciones Unidas la expedición de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Países y Diáspora Africana en el Mundo, tal y como lo venimos trabajando desde la Articulación Regional Afrodescendiente de América Latina y el CaribeARAAC-, para hacer que las diferentes leyes expedida por los Estados en nuestra América y en el mundo en favor de la cultura negro africana, tenga una fuerza vinculantes para hacer que los Estados las cumplan, en función de construir democracia más inclusiva, estable y transparente.  

Bibliografía

  1. Valencia Viveros, Hamington. (2014). Imaginarios Socio-Raciales y Políticas Públicas Diferenciales Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Trabajo de Grado para optar el título de Maestría en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático). Instituto de Altos Estudios Europeos -IAEE-.
  2. Valencia Villa, Hernando. Cartas de Batalla Una Crítica de Constitucionalismo Colombiano, ed. Panamericana Ltda., Año 2017, Tercera Reimpresión.
  3. B Pasukanis, Evgeni. Teoría General del Derecho y Marxismo.
  4. Althusser, Louis. Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado.
  5. Foucault, Michel. Vigilar Y Castigar: Nacimiento de la Prisión. 1a ed., Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002. (Nueva Criminología y Derecho).
  6.  Foucault, Michel. Genealogía del Racismo. Ed. Altamira La Playa, Argentina. Año 1976. Colección Caronte Ensayo.

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D’CIMARRÓN N°3

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D’Cimarron cierra el año 2018 ocupándose de un tema que se encuentra en la agenda pública de toda América Latina: la corrupción. Nuestra revista, que pretende estar asociada a los temas de actualidad, no podría dejar de abordar esta temática, vinculándola sobre todo, con la inmensa deuda social que aún aguarda por ser saldada.

Este número, como es ya habitual en los anteriores, se caracteriza por no tener una postura maniquea. Es decir, la corrupción no es monopolio de los grupos económicos o políticos, atraviesa a toda la sociedad y se manifiesta en diversas prácticas cotidianas, en la que se incluye inclusive el activismo social.

El expresidente de Brasil Lula Da Silva, los expresidentes de Perú, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, todos están siendo imputados, sea con prisión preventiva o prohibición de salida del País. Por no hablar de los que presuntamente también estarían involucrados en la trama, como Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Maduro y Rafael Correa. Esto solo podría corroborar que la corrupción no es un fenómeno producto de una ideología, sino de la estructura misma de funcionamiento del Estado en América Latina.

A lo largo de estos artículos encontraremos que este flagelo es multifactorial. Sus causas son sociales, jurídicas y geopolíticas. De hecho la construcción del Estado desde el siglo XIX en nuestro continente ha sido una sucesión de apropiaciones, despojos, desalojos y rapiña del erario público. La idea de patrimonializar lo que es de “todos”, se encuentra en la base paradigmática de todo el operar político del sistema que impera.

De esta forma, habría que asumir que el Estado latinoamericano opera de forma ventrílocua. En la que el segundo Estado, el lugar en el que se trafican influencias, drogas, personas, órganos y voluntades; dirige y tutela al primer Estado, que nosotros creemos designar y renovar a partir de cada elección. Este entramado indisoluble es el que se intentamos analizar en conjunto con nuestros colaboradores. 

Al mismo tiempo, hay dos dimensiones que serán vinculadas por los artículos que les presentamos. La primera, es que los niveles altísimos de pobreza, violencia y exclusión que viven nuestros países, están asociadas con la inconmensurable cantidad de dinero que ha sido robado por la clase política. La segunda, que los afrodescendientes y los que se denominan activistas de nuestras causas, no están exentos de estas prácticas perversas.

La corrupción estaría entonces en el epicentro de nuestro contrato social. A modo de nudo gordiano invade nuestras prácticas. La solución, es por un lado, sanear nuestras instituciones, pero al mismo tiempo, desconstruir el discurso criollo que premia la viveza sobre la honestidad. La picaresca representada en el teatro del siglo de oro español, es divertida dramatúrgicamente pero siniestra cuando se asume en la vida real como forma de vida.

Albert Camus decía que el hombre rebelde es aquel que dice “no”. Nosotros deberíamos comenzar a decir “no”, mientras los fiscales y los jueces siguen purgando al sistema político de todos los saqueadores profesionales que ocupaban el Estado. Sean estos egresados de Stanford y Oxford, o miembros de una ONG que termina lavando dinero criminal.

Perú está siendo un ejemplo a nivel mundial. Ningún país hasta ahora tiene a todos sus expresidentes vivos investigados. Esperemos que se haga justicia y que esta sea socialmente pedagógica, para expurgar de una vez y para siempre, al pícaro de nuestro imaginario social.

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Afrocorrupción. De África a la diáspora africana

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Por Jesús Chucho García

chuchoUnos de las grandes hipertrofias de la ética humana a lo largo de su historia es apoderarse ilícitamente de lo que no le pertenece. Muchas veces estas prácticas, popularmente conocida como “amig@s de lo ajeno”, se fue transformando en algo normal, y eso de ser normal se convirtió en una contra ética que desde siempre ha reinado en la sociedad sea del signo que sea: de izquierda, centro o derecha…, porque la corrupción permea ideologías y credos. Hoy la corrupción que rige al planeta es tan destructiva como el severo cambio climático que nos afecta. Es difícil hoy en día conseguir un gobierno  donde sus funcionarios en su mayoría de alto, medio o bajo nivel no hayan echado su "mordidita" a los recursos que nos pertenecen a tod@s, y eso es lo que se ha denominado "economía subterránea" designándola como “el conjunto de actividades que se realizan al margen de la legislación penal, social o tributaria y que en gran medida no se tienen en cuenta en la contabilidad nacional” (Correo de la Unesco: junio, 1999). En una época se llamaba así, hoy se llama "lavado de dinero"; así como los famosos paraísos fiscales donde los más ricos entre los ricos tienen sus capitales guardados desde Isla Caimán a Suiza o Panamá y de los cuales no han escapado los gobiernos aparentemente más honestos. Pero entremos a nuestro caso específico.

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La corrupción y la convivencia democrática en el Perú y América Latina

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Por Luis Tacuche Moreno.

tacucheSon indudables las conquistas democráticas en nuestra región. Sin embargo, estas no han resuelto una doble tarea. Por un lado, el consolidar la existencia de los derechos humanos en un plano práctico, puesto que existen en la legislación más no en concreciones significativas en la vida cotidiana de las personas. Por otro, el superar la frágil legitimidad que ha tenido la democracia en la subjetividad de las personas, dado que tiene tanto una dimensión objetiva como percibida. Es decir, la democracia no se ha expresado en la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos ni tampoco en las brechas de desigualdad que persisten (dimensión objetiva), contribuyendo así en la percepción de que la democracia es innecesaria y que los gobiernos se encuentran a merced de un grupo y no para el interés general (dimensión subjetiva).

Las cifras respaldarían estas premisas. Según Rojas (2013), el quintil más pobre concentra alrededor del 5% del ingreso nacional, mientras que el quintil más rico concentra alrededor del 50% del mismo. Además, precisa que la desigualdad se asocia con instituciones de mala calidad, debido a que [1] propicia la existencia de intereses discrepantes entre diversos grupos sociales [2] y provoca que las instituciones se queden capturadas por los grupos de poder, de modo que su acción se encuentra vinculada con intereses particulares más que al bien común, al mismo tiempo que [3] disminuye la disposición de acciones de cooperación y alienta las prácticas de corrupción. Esto se reafirma con cifras del Informe Latinobarómetro (2017), debido a que el 75% percibe que su país se encuentra gobernado por un grupo poderoso para su propio beneficio (Perú 80%, Brasil 97%). Sumado a esto, en el caso peruano, el grado percibido de corrupción es el más elevado de América Latina al 2017, sea en el gobierno (8.4), congreso (8.5) o en tribunales de justicia (8.2); mientras que, sobre la percepción sobre la democracia, solo el 5% de ciudadanos/as señala que existe una plena democracia, en tanto que un 45% señala que existen grandes problemas en ella.

Esta realidad hace entender a la convivencia democrática como una aspiración o un proyecto (Guzmán, 2013), más que como un punto de partida, de modo que otros factores condicionarán la cercanía de nuestras sociedades a la convivencia democrática y, por consiguiente, sus fluctuaciones. Bajo esta premisa, diversos factores pueden influir, como los niveles de pobreza o violencia, los niveles de gobernabilidad, las redes de capital social, reconocimiento de derechos, niveles de corrupción, entre otros. Sobre esto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que la gobernanza y convivencia democrática se ven mediadas por ciertos factores, como [1] relaciones verticales (relación ciudadano-autoridad pública), [2] confianza en las instituciones o personas, [3] relaciones horizontales (percepciones sobre el respeto, tolerancia, diálogo), [4] percepción sobre seguridad en la comunidad y la [5] percepción de estabilidad a futuro. Mejor dicho, en la interacción de sujetos/as frente a instituciones.

Entonces, convivencia democrática no solo significa la “estabilidad” de nuestras instituciones o el “vivir” de uno/a con quien piensa distinto/a, supone también aquellas relaciones cotidianas democráticas que se ven mediadas por redes de poder y que, al mismo tiempo, se encuentran sumergidas en nuestra interacción con instituciones oficiales o extra oficiales.

Así se puede entender a la corrupción, debido a que, a pesar de la igualdad ante la Ley, se han cristalizado relaciones discursivas reconocidas por los/as sujetos que pretenden asumir una posición de ventaja [o beneficios] respecto de otros, es decir, se asumen los mismos significantes y se comprende un lenguaje que tolera y legitima prácticas corruptas, generando que el proyecto de convivencia democrática se vea dinamitado. En otras palabras, la corrupción ha asumido un lenguaje estandarizado en las prácticas cotidianas, de manera que “no se limita exclusivamente a una esfera política, sino a la cotidianidad donde este lenguaje es construido, practicado y fecundado. Se trata entonces, al hablar de un lenguaje, de una relación y no de un acto individual, de una práctica conjunta, de una actividad social” (Mujica, 2004, p.44).

El vínculo entre corrupción y convivencia democrática debe asumirse desde lo micro y lo macro. Desde un nivel institucional (macro), como aquella formación de condiciones y desarrollo de saberes y mecanismos de poder cristalizados que legitiman prácticas sociales materiales e institucionales, hasta un nivel de aquellas prácticas discursivas y representaciones simbólicas presentes en nuestra cotidianidad (Foucault, 1999), debido a que ambas dimensiones se encuentran retroalimentándose y dan cabida a realidades como las que atraviesan nuestros países.

Respecto al nivel institucional, Labalqui (2003) concluye, bajo un estudio realizado con una muestra de 107 países, que [1] la corrupción se encuentra en función al nivel de desarrollo de un país (sea medido a través del PBI per cápita o a través del IDH), además, que [2] una mayor democratización no implica una reducción automática de la corrupción. Sumado a esto, que [3] el grado de libertad económica es un factor que influye sobre los grados de corrupción, debido a que en algunos países un crecimiento de la libertad económica disminuye los niveles de corrupción, pero en otro bloque aquellos países que transitaron aceleradamente al mercado sufrieron altos niveles de corrupción. Respecto al nivel micro, Proética (2015) realizó una encuesta en la que preguntó ¿Considera usted que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo? A la cual el 51% de los entrevistados respondió que sí, expresando así una alta tolerancia a la corrupción.

No obstante, Proética (2017) realizó una nueva encuesta donde incluyó la misma pregunta, encontrando una reducción drástica al 15%, es decir, una reducción del 36%, hecho que probablemente se vea influenciado por el caso Lavajato y su vinculación con parte de la clase política peruana. Sin embargo, pese al rechazo de casos de macro-corrupción, la micro-corrupción es una práctica institucionalizada, debido a que dos de cada tres encuestados no considera como negativo el pago de sobornos para evitar una multa, el acelerar trámites o el piratear servicios públicos, atribuyendo como razón que si uno no paga "las cosas no funcionan".

Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción como forma de construir un proyecto de convivencia democrática atraviesa diversos desafíos, que supondrán profundas reformas de nuestras instituciones, la renovación de la clase política y, sin menor importancia, cambios radicales en la subjetividad de los/as ciudadanos que legitiman estas prácticas.

Referencias:

Corporación Latinobarómetro (2017). Informe Latinobarómetro 2017. Buenos Aires, Argentina.

Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona, España: Paidós.

Guzmán, J. (2013). Gobernanza y convivencia: preguntas en clave democrática. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 37-46). San José, Costa Rica: FLACSO.

Labalqui, I. (2003). Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Colección Año IX, 1(14), pp. 155-196

Mujica, J. (2004). Palabras Corruptas El lenguaje de la corrupción o la corrupción como lenguaje. Anthropía, 1(3), pp. 40-44.

Proética (2015). Novena encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Proética (2017). Décima encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Rojas, F. (2013). Gobernabilidad y convivencia democrática: miradas desde la gente. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 19-35). San José, Costa Rica: FLACSO.

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