Miércoles, 29 Enero 2020

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La situación política y social que atraviesa América Latina

POLÍTICA

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Dejar atrás la república ilegítima

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Por Luis Martin Valdiviezo Arista.
Licenciado en Filosofía, Doctor en Educación.
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Departamento de Educación.

luismartinEn las últimas décadas, la desaforada corrupción de la clase política y empresarial peruana parece haber llevado al Estado democrático peruano a una crisis de legitimidad extrema. Una crisis que, para los ciudadanos decentes, será difícil superar a través de los instrumentos institucionales establecidos por el mismo Estado, pues muchos de estos instrumentos han sido diseñados por autoridades corruptas para mejor servir a la corrupción. Considerando las protestas ciudadanas que en los últimos meses se han desarrollado en nuestros países vecinos (Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile), es posible que para resolver esta crisis necesitemos refundar la república peruana con una Constitución decididamente anticorrupción.

Los serios problemas de legitimidad del Estado peruano se remontan a sus primeros años de existencia casi dos siglos atrás. La república peruana pretendió dar fin a un régimen monárquico colonial basado en la explotación de la gran mayoría de habitantes de su territorio. El sistema colonial proporcionaba una extraordinaria concentración de riqueza, poder y confort a una minoría de colonizadores en el Perú y en España a costa del sacrificio deshumanizante de la mayoría de peruanos. Con la república, el ideal de una sociedad de iguales, libres y fraternos (una ciudadanía de hombres) debía plasmarse en un sistema donde todos tuvieran los mismos derechos políticos, económicos y sociales; donde todos los hombres sean tratados con la misma dignidad cualquiera que sea su origen. Como argumentó Flora Tristán, la exclusión de las mujeres constituyó una transgresión flagrante de los principios de la nueva república. Y esta injusticia se dio en el mismo acto de su nacimiento.

El objetivo patriarcal de la república también fue traicionado en los primeros años de nacimiento de la república, pues fueron deshechas las diferentes medidas para abolir las legislaciones que regulaban la esclavitud y el tributo indígena, prácticas completamente incompatibles con los ideales y principios republicanos liberales. Así se restauraron dos sistemas de explotación humana basados en supuestos derechos desiguales por origen social y esto ahondó la condición ilegítima de nuestra república pues, un conjunto de leyes que afectaba a un amplio sector de la población contradecía abiertamente los principios de libertad, igualdad y fraternidad que justificaron el derrocamiento del régimen colonial. Con la deformación de la república democrática en una república patriarcal y racista, el Estado se adecuó a los intereses particulares de la minoría oligárquica occidentalizada del país.      

Aunque en 1854 se abolieron legalmente la esclavitud y el tributo, estas prácticas ilegitimas se reprodujeron con el apoyo del Estado a través de la esclavización de los trabajadores chinos inmediatamente después de la abolición, la ilegalización de las comunidades indígenas y la expropiación de sus tierras por parte de criollos y mestizos (alegando la inexistencia de títulos) durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, la esclavización y asesinato de familias amazónicas durante la Era del Caucho (1880-1918), y las prácticas feudales de explotación humana en los latifundios de la costa y sierra peruanas hasta la implementación de la reforma agraria a inicios de los años 70.   

La lista hasta nuestros días es larga pero basta con mencionar el desconocimiento y atropello por parte del Estado y de la oligarquía empresarial de los derechos territoriales, culturales, lingüísticos, económicos y políticos de los ciudadanos rurales amazónicos, andinos y costeños que han llevado a los violentos conflictos de Bagua (2009) y de Conga (2012), y recientemente al 60% de los más de 180 conflictos socioambientales que golpean al país este 2019 (según la Defensoría del Pueblo) incluyendo al conflicto de Tía María.

Hay un creciente consenso entre los ciudadanos peruanos de que este orden de cosas ilegítimo exacerbado por la corrupción político-empresarial es insostenible y que necesitamos una transformación ciudadana del Estado para evitar el ahondamiento de la injusticia social y los estallidos sociales que ella conllevará.

Fotografía Agencia EFE

Tal vez, en el 2021, más que celebrar el bicentenario de una independencia retórica, debemos fundar una república democrática legítima. Esto último, requerirá, entre otras cosas, de una Constitución frontalmente anticorrupción que impida la gansterización de los partidos políticos y del futuro Estado. Además, precisaremos que esta Carta Magna sea intercultural a fin de garantizar el acceso equitativo de todas las ciudadanías a los recursos económicos, sociales, políticos y culturales del país independientemente de su origen cultural, lingüístico, socioeconómico y de género (lo mínimo para esto es una educación, salud y justicia gratuita con pertinencia cultural, lingüística y de género). Asimismo, necesitaremos que esta nueva Constitución sea ecológica a fin de garantizar los derechos de la Naturaleza y el derecho a la salud de todas las ciudadanías. Posiblemente, también requeriremos que esta nueva Ley de Leyes garantice el derecho a la resistencia y desobediencia civil frente a un eventual gobierno genocida, tiránico o inepto.  Y, finalmente,  que avale el derecho a refundar el Estado si la corrupción reaparece.

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