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RACISMO: La pandemia más larga de la historia

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POLÍTICA

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El combate al racismo institucional en el acceso a la justicia contra la población afrodescendiente: una acción pendiente y urgente

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de la exclusiva responsabilidad de su autor y en ningún caso compromete a la OEA.

 

rojasPor Roberto Rojas Dávila (Perú).
Abogado postgraduado en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica el Perú. Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University -Washington College of Law, y candidato a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona.

Roberto Rojas Dávila1

 

 

 

En memoria de George Floyd y millones de personas afrodescendientes víctimas mortales del racismo

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Fotografía de KeremYucel, AFP/Getty

Introducción 

La indignación y movilización que causa la muerte del George Floyd es, sin duda, importante e inclusive esperanzadora ya que no solo es la población afrodescendiente sino también un número significativo de población no afrodescendiente indignándose, solidarizándose y movilizándose.

Para millones de afrodescendientes, lo ocurrido a George Floyd no es novedad, es algo que viene ocurriendo desde que los denominados colonizadores iniciaron con el crimen de la trata transatlántica. La tortura y la muerte de las personas africanas y sus descendientes han sido y, lamentablemente en muchos países, siguen siendo una realidad. 

Durante siglos, a las personas africanas y sus descendientes se les denegó o minimizó su humanidad para justificar su situación de esclavización, segregación y exclusión. En el contexto de la esclavización, estas personas no eran seres humanos, eran simples bienes muebles, y por lo tanto, podían hacer con ellas lo que se les viniera en gana. Desde explotarlos hasta torturarlos, violarlos y matarlos. 

Después de la abolición de la esclavitud hasta nuestros días, las personas afrodescendientes eran y, en muchos países, continúan siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Sus vidas no valían nada y, en términos fácticos,  se creó el imaginario colectivo  de que  sus vidas valen menos que otras. 

La deshumanización y criminalización de la población afrodescendiente

Frederick Bowser señala que “el africano se transformó en la mente europea del siglo XVI en el ‘negro’, un hombre que no solo era el único esclavo disponible sino que de hecho había nacido esclavo” (Bowser 1977). 

Las grandes potencias de la época entendieron que la denominada trata transatlántica de esclavizados  era muy lucrativa e incentivaron la exportación de esclavizados a sus colonias. De esta manera, cuantos más esclavizados eran llevados forzadamente a las colonias, mayores ingresos tenían las arcas reales; pero no solo las potencias se dieron cuenta de lo lucrativo de la trata esclavista, sino también terceros como los contrabandistas de esclavizados (Bowser 1977).

Las consecuencias de la trata transatlántica de esclavizados legal e ilegal fueron, en primer lugar, la interrupción del progreso y evolución de los Imperios africanos, que tenían una compleja organización; en segundo lugar, el saqueo y despoblación de los habitantes en edad productiva en África (Martínez 1992); y en tercer lugar, las vejaciones y humillaciones que sufrieron las y los esclavizados, siendo utilizados como mercancías y dejados en la base de la pirámide social. 

A todas luces la esclavitud y la trata de esclavizados siempre debería haber constituido, un crimen de lesa humanidad. Tal como lo reconoce la Declaración de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, conocida también como la Declaración de Durban.2

En las Américas, las y los esclavizados se rigieron bajo una legislación específica que establecía cómo deberían actuar y cuáles serían sus castigos en caso que vayan en contra de dichas normas, que eran aplicadas no solo a ellos sino también a sus descendientes libres, así como a aquellos que lograban su ansiada libertad. En la denominada América española, la población africana y sus descendientes estuvieron legislados bajo la recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias siendo designado el titulo quinto como De Los Mulatos, Negros, Berberiscos e Hijos de Indios. Dichas leyes tuvieron vigencia alrededor de trescientos años (De Trazegnies 1995).

Debemos resaltar que las y los esclavizados utilizaron, desde el inicio de la esclavitud, algunos mecanismos activos y pasivos para lograr su libertad. Además, aportaron a la construcción de los Américas en todos los aspectos. Sin embargo, no eran considerados como personas y sus descendientes libres eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. Esta percepción de ser vistos como inferiores siguió estando presente después de la independencia de los países de las Américas y de la abolición de la esclavitud. 

En la abolición de la esclavitud se dejó de lado al actor principal de dicha abolición: la población afrodescendiente. Después de la abolición a dicha población se le excluyó, se le satanizó, se le discriminó y se le colocó en una situación de pobreza y de marginación, manteniéndola en la base de la pirámide social. Como lo menciona Bowser, “la persona de color libre descubría que se le había quitado la carga de la esclavitud, pero le quedaban las cargas del prejuicio racial y la presunta ilegitimidad. La mayoría de los individuos de color libres no tenían oficio alguno y nacían prácticamente en la miseria, y casi siempre permanecían en el punto más bajo de la escala socioeconómica” (Bowser 1977).

Para mantener esta situación, las elites de las sociedades americanas adoptaron y aún mantienen teorías racistas para justificar y mantener su poder y privilegios. En algunos países lo hacen de manera abierta, en unos de manera discreta y en otros incluso lo niegan con el discurso de ser parte de naciones mestizas, de todas las sangres o de crisol de razas. 

Para los inicios del siglo XX, las teorías racistas tomaron mayor ímpetu dentro de las sociedades americanas, apareciendo en la mayoría de países pensadores y políticos racistas e incluso en algunos países en los que se fomentaron leyes que promovían la migración europea a las Américas para “blanquear” el continente. 

Precisamente, fueron estos pensadores y políticos racistas que introdujeron las diferentes teorías racistas a sus países, incluida la criminología positivista asociada al tratado “El Hombre Criminal”, de Cesare Lombroso. Lombroso señala que existen seres humanos con inclinación al crimen heredada o innata, y que incluso esto está asociado a algunas características físicas (Aguirre 2000). Para Lombroso los criminales presenta lo que él denomina estigmas, los cuales los identifican con los humanos primitivos, como, entre otros, mayor espesor de algunos huesos, mandíbula robusta (Lombroso 1876). La teoría lombrosiana influyó en la medicina, el derecho, la educación de muchos países (Da Re, Maceri 2006), siendo incluida en la formación de operadores de justicia. 

El racismo y sus consecuencias estructurales han terminado visibilizando  y generando la idea racista de que la población afrodescendiente, en particular los jóvenes  afrodescendientes, son criminales o criminales en potencia. Este prejuicio hacia la población afrodescendiente por parte de las sociedades, y especifico de los operadores de justicia, es conocido como perfilamiento racial. 

El perfilamiento racial sumado a la idea racista de que las vidas de las personas afrodescendientes no valen nada o valen menos que otras, son los condicionantes para que sean vistos como sospechosos e incluso encarcelados sin que se respete el principio de presunción de inocencia. Existen personas afrodescendientes que fueron excarceladas gracias a que pudieron obtener ayuda legal y acceso a pruebas de ADN. Lamentablemente, hay muchos más que siendo inocentes siguen estando encarcelados. Diferentes libros y películas se han dedicado a retratar la vida de estas personas. 

Asimismo, hay una larga lista de personas afrodescendientes torturadas y asesinadas en manos de operadores de justicia, y en algunas países por parte de civiles. Precisamente, por esta idea de que sus vidas no valen nada o vale menos que otras, la gran mayoría de los crímenes cometidos contra estas personas quedan impunes. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, 2018).

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Fotografía: Joshua Roberts/Reuters

Herramientas para prevenir, erradicar y sancionar el racismo institucional en el acceso a la justicia a la población afrodescendiente 

Ante esta situación de racismo y discriminación histórica en la que se encuentran las personas afrodescendientes en las Américas, diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han pronunciado al respecto y llevado a cabo algunas iniciativas. Además, cuentan con instrumentos jurídicos y mecanismos para abordar los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. 

  1. Naciones Unidas

El principio de igualdad y no discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos aparece por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Declaración establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Este principio se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo a través de la adopción de diferentes instrumentos internacionales pero fue mediante la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965,3 que este principio mejora significativamente en lo relativo a la discriminación racial. 

La Convención define la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Asimismo, la Convención establece que cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; así como a tomar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista.

Además, la Convención reconoce el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia; y el  derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución.

Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, mecanismo encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención, elaboró  la Recomendación General Nº 31 “Sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal”4 y la Recomendación General  Nº 34 “Discriminación Racial contra Afrodescendientes.5 En ambos documentos formulan una serie de recomendaciones específicas sobre la administración de justicia y población afrodescendiente a los Estados partes. 

Cabe resaltar que la Declaración y Plan de Acción de Durban también establecieron una serie de recomendaciones sobre este tema. Asimismo, el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes han realizado una serie de pronunciamientos y recomendaciones a los Estados miembros de la ONU.

Finalmente, debemos destacar que estamos en el Decenio Internacional para Afrodescendientes.6 El lema del Decenio es reconocimiento, justicia y desarrollo. El Programa de Actividades del Decenio7también recomienda una serie de acciones en lo relativo al acceso a la justicia. 

  1. La Organización de los Estados Americanos 

Al igual de que las Naciones Unidas, la OEA también reconoce el principio de igualdad y no discriminación a través de diversos instrumentos interamericanos como la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la resolución de la Asamblea General de OEA “No Discriminación e Intolerancia”8 de 1994, reconoce que el racismo y la discriminación en sus distintas formas atentan contra los principios y prácticas de la democracia como forma de vida y de gobierno y, en definitiva, persiguen su destrucción.

Por otra parte, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo delSistema Interamericano con autonomía técnica y operativa, elaboró a solicitud de la Asamblea General de la OEA el informe “Sistema Judicial y Racismo contra Afrodescendientes, en 2004.9 El informe analizó el tratamiento judicial de las prácticas de racismo en cuatro países latinoamericanos y da recomendaciones a los Estados. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma de Sistema Interamericano, cuenta con la Relatoría de Discriminación Racial y Personas Afrodescendientes. La Relatoría sobre los Derechos de las PersonasAfrodescendientes y contra la Discriminación Racial10tiene como objetivo trabajar con los Estados miembros de la OEA para generar el conocimiento con respecto a las obligaciones de los Estados de respetar los derechos humanos de los afrodescendientes y la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cabe resaltar que la CIDH a través ha elaborado informes y dado recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes.

En 2013, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.11 La Convención es el único instrumento jurídico del mundo que tiene una definición jurídicamente vinculante de racismo, discriminación múltiple o agravada, e intolerancia. 

Asimismo, a través de la Convención los Estados Partes se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia. También, se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1.1 de esta Convención.

Además, los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades legítimas de todos los sectores de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención; igualmente, se comprometen a asegurar a las víctimas del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.

Cabe resaltar que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la OEA, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo,  todo Estado Parte puede declarar que reconoce como obligatoria la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.12

De otro lado, en 2016, la Asamblea General de la OEA adoptó el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025).13 A través del Plan, los Estados miembros de la OEA se comprometen a adoptar gradualmente y fortalecer las políticas públicas, medidas administrativas, legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a las poblaciones afrodescendientes en las Américas el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y su participación plena y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de la OEA; así como a tomar las medidas necesarias para incluir la temática afrodescendiente en las políticas, programas y proyectos de la OEA.

El Plan de Acción tiene una línea estratégica de acción sobre justicia en donde los Estados miembros de la OEA se comprometieron a implementar una serie de acciones para el acceso a la justicia de la población afrodescendiente

Conclusiones

Cuando la población afrodescendiente dice que las vidas negras importan -BlackLivesMatter-, no están diciéndole al mundo que solamente sus vidas importan sino que sus vidas también importan. La población afrodescendiente está exigiendo ser tratada como seres humanos. Precisamente, para entender la lucha histórica de las y los afrodescendientes tenemos que conocer la historia del racismo y su presencia e impacto hasta nuestros días; además de tener, entre otros, empatía.

Para que la población afrodescendiente pueda vivir plenamente con dignidad, es indispensable que se implemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El gran reto es la implementación de los instrumentos jurídicos y el cumplimiento de las sentencias y las recomendaciones realizadas por mecanismos de seguimiento de tratados o de grupos de trabajo.

Los retos adicionales para el cumplimiento del marco jurídico internacional sobre   personas afrodescendientes son, entre otros, el racismo institucional, el desconocimiento de los instrumentos jurídicos y  la falta de decisión política firme por parte de los Estados para cumplir con sus obligaciones legales y compromisos políticos con esta población.

Los Estados cuentan con las herramientas jurídicas para reformar sus sistemas judiciales para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas racistas de sus operadores de justicia. Esto no solo es una obligación jurídica sino también moral para que nuestras sociedades sean democráticas, inclusivas y diversas, en donde el sueño de Martin Luther King Jr. deje de ser un simple sueño para convertirse de una vez por todas en una realidad. 

Bibliografía

  • Aguirre, Carlos. Delito, Raza y Cultura: El Desarrollo de la Criminología en el Perú (1890-1930). En Diálogos en Historia. Lima, 2000.
  • Bowser, Frederick. El Esclavo Africano en el Perú Colonial (1524-1650). México D.F., 1977.
  • Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Sistema Judicial y Racismo contra Afrodescendientes: Brasil, Colombia, República Dominica, Perú. Santiago de Chile, 2004.
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación de las personas Afrodescendientes en las Américas. Washington, D.C., 2011.
  • Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos. Washington, D.C., 2018.
  • De Trazegnies Granda, Fernando. Ciriaco de Urtecho: Litigante por amor. Lima, 1995.
  • Da Re, Verónica; Sandra Maceri. La Antropología Criminal de Lombroso como Puente entre el Reduccionismo Biológico y el Derecho Penal (Primera Parte). Buenos Aires, 2006.
  • Grupo de Expertos de Independientes de las Naciones Unidas. Pronunciamiento sobre las protestas contra el racismo sistemático en Estados Unidos. Ginebra, 2020.
  • Expertos de la ONU condenan los linchamientos terroristas raciales de hoy en día en Estados Unidos y exigen reformas sistémicas y justicia.Ginebra, 2020.
  • Lombroso, Cesare. (1876). Luomo delincuente Studiato in raporto alla antropología, alla medicina legale, ed Martínez Montiel, Luz María. Negros en América. Madrid, 1992
  • Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ginebra, 1948.
  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Ginebra, 1948.
  • Declaración y Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas IntoleranciaDurban, 2011.
  • Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General Nº 31 “Sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal”. Ginebra, 2005.  
  • Recomendación General N Nº 34 “Discriminación Racial contra Afrodescendientes”. Ginebra, 2011. 
  • Organización de los Estados Americanos. Washington, D.C. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bogotá 1948
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 1969.
  • Resolución “No Discriminación e Intolerancia”.  Belém do Pará, 1994.
  • Estándares de Protección de Afrodescendientes: Una Breve Introducción.  Washington, D.C., 2011.
  • Manual de Formación de de Formadores/as de Líderes/as Afrodescendientes en las Américas. Washington, D.C., 2012.
  • Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y  Formas Conexas de Intolerancia. La Antigua, Guatemala, 2013.
  • Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025). Santo Domingo, 2016.

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