Martes, 19 Enero 2021

logo para cedet                                            Año 2021. Edición N° 13 / Registro ISSN-L: 2709-8079

TEMA Demandas y desinterés de los partidos políticos frente a los movimientos sociales afrodescendientes

 

D´Cimarrón N° 13

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  • Movimientos sociales afrodescendientes demanda y desinterés de los partidos políticos

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  • La caída de partidos y la esperanza en los movimientos sociales

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Los últimos acontecimientos que pueden llevar a un gran cambio a Perú

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Irene Abugattas (Perú)

¡Cómo hablar de la crisis política actual sin antes expresar indignación por la muerte de dos jóvenes (Inti Sotelo y Brian Pintado), los cientos de heridos, los vejámenes sexuales y las desapariciones forzadas perpetradas por comandos de la fuerza policial, en especial el Grupo Terna! 

Con los sucesos de la semana del 9 al 15 de noviembre nos volvimos a dar clara cuenta de que algo anda mal en el Perú. En su segundo intento, el congreso vacó al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente” con 105 votos de 130. En su mayoría, votos provenientes de partidos políticos, cuyos miembros son muy cuestionados por anteponer sus intereses personales a los derechos de los peruanos o por afrontar acusaciones penales por corrupción.  Fue un golpe de estado  perpetrado por Manuel Merino, en ese momento presidente del congreso, en complicidad  con personajes interesados en revertir algunas acciones del Estado a su favor: Cesar Acuña,  presidente de Alianza Para el Progreso y dueño de la Universidad Cesar Vallejo, que fue acusado por la fiscalía por lavado de dinero, pretendía desarticular la SUNEDU con el único propósito de reabrir su casa de estudios sancionada; José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú y dueño de la Universidad Telesup y su hijo José Luna Morales, actual congresista, también esperaba revertir la resolución de la SUNEDU. José Vega Antonio, que buscaba liberar a Antauro Humala. Además, Manuel Merino, miembro de Acción Popular, respondió a los intereses del empresariado peruano como la Confiep (aunque luego de los acontecimientos de represión se distanció), Raúl Diez Canseco, también dueño de una universidad, y la ultraderechista Coordinación Republicana. Merino designó a un gabinete ultraconservador, aficionado a gobernar a la fuerza y con claras intenciones de boicotear las elecciones del 11 de abril para mantenerse en el poder ilegalmente hasta “acomodar” la legislatura a sus intereses personales y empresariales. 

Los peruanos, en especial los jóvenes, ya cansados de la corrupción y de tanto juego político, iniciaron una serie de protestas pacíficas masivas a nivel nacional – se calcula que congregaron a tres millones de personas en las calles, además de aquellas que participaron de grandes cacerolazos, bocinazos y manifestaciones virtuales a través de las redes sociales.  Las consignas “Merino no me representa”, “Que se vayan todos”, “Se metieron con la generación equivocada”, entre otras exigían desde la renuncia inmediata del presidente de facto hasta una nueva constitución. Merino, su primer ministro Antero Flores Araoz y su ministro del interior, Gastón Rodríguez, no tuvieron reparos en ordenar a la policía ejercer extrema violencia contra los jóvenes manifestantes pacíficos. La policía utilizó perdigones y canicas, que apuntó directamente al cuerpo; además, lanzó gas lacrimógeno en tal magnitud que ocasionó la asfixia de los que se encontraban en las calles y edificios aledaños. Miembros del Grupo Terna se infiltraron entre los manifestantes para luego detenerlos o golpearlos a mansalva. De hecho, fueron ellos los que llevaron a cabo desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La muerte de dos jóvenes, los cientos de heridos y los desaparecidos evidencian el grado de represión ejercida. De todos estos actos deberán rendir cuenta el presidente golpista Manuel Merino, su gabinete y los comandos de la policía del Perú relacionados a estas acciones.   

Gracias a la presión popular, a los cinco días renunciaron Merino y sus secuaces. Ahora regresamos a una precaria calma política con un nuevo presidente, Francisco Sagasti, elegido por el Congreso por 97 votos y un nuevo gabinete que han garantizado continuidad, la investigación de los horrendos y repudiables actos de violencia y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la policía y una mejor campaña sanitaria. Estaremos expectantes, pero mientras tanto es momento  de reflexionar.

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Imagen: Mural en memoria de muertos en protestas (Radio Exitosa Perú).

La pandemia ya se había encargado de encararnos nuestra realidad, la inequidad en la aplicación de la medidas sanitarias, la ineficiencia del gobierno para dictar medidas claras y el consecuente desborde de contagiados y fallecidos. Al fin y al cabo, el Perú se convirtió en uno de los países más afectados por el COVID-19 en términos relativos.

La crisis sanitaria y económica junto a esta crisis política -una de las más graves de los últimos años- y las consecuentes manifestaciones populares extremadamente intensas nos recuerdan que un replanteamiento es necesario. Ya son 160 defensores ambientales y de derechos humanos asesinados, cuyas muertes han quedado impunes. La represión y la violencia policial son una práctica común contra comuneros, pueblos indígenas, estudiantes, trabajadores en todo el Perú. Existen alrededor de 180 conflictos socioambientales en el país; entre activos y latentes. Un cambio profundo es necesario y urgente. Una reforma política, reforma policial y la derogatoria de la ley de Protección Policial N° 31012, etc.  

Sin embargo, aquí yo sugiero un momento de reflexión para repensar qué buscamos con todas estas  genuinas exigencias de cambio. 

Desde Alberto Fujimori (1990 – 2000), en prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, van cinco presidentes procesados y/o condenados por corrupción: Alejandro Toledo (2001 – 2006), Alan García (2006 – 2011) fallecido, Ollanta Humala (2011 – 2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018). Marín Vizcarra (2018 – 2020) también presenta denuncias por corrupción, que habrían ocurrido mientras era gobernador regional de Moquegua (2011 – 2014). 

La corrupción no solo ha infestado al poder ejecutivo y al legislativo (recordemos que el Congreso anterior albergó a personajes denunciados e investigados por varios delitos), actualmente por lo menos 68 miembros del Congreso tienen denuncias fiscales por varios delitos. Además, algunos jueces, fiscales y hasta algunos miembros del Tribunal Constitucional también están vinculados al crimen y a la corrupción; acusados directamente, como César Hinostroza, esperando ser extraditado desde España (Juez Supremo Titular de la Corte Superior de Justicia del Callao) o Pedro Chavarri, separado de su cargo de Fiscal Supremo Titular por 18 meses, otros como cómplices de grupos de interés. Además de gobernadores regionales, alcaldes y otros funcionarios públicos. La lista es larga y nos lleva a pensar que la corrupción en el Perú es endémica al sistema político. 

Pero la corrupción es solo parte del problema que nos aqueja como nación. La discriminación  y el machismo en Perú también son sistemáticos. El Perú es una nación multiétnica y pluricultural, conviven alrededor de 55 etnias distintas y se hablan 47 lenguas diferentes. Sin embargo, en la práctica el Estado funciona como una entidad estandarizada; lo cual se hizo evidente durante la pandemia. 

En 2019 se registraron 166 feminicidios y hasta julio de 2020 durante la cuarentena se registraron 43 feminicidios y 32 intentos; además de 900 niñas y adolescentes desaparecidas. Es práctica común en comisarías vejar física o verbalmente a las mujeres que llegan allí, ya sea por una denuncia o una detención. ¿Qué habrás hecho, pues?, es la reiterada pregunta que revictimiza a las mujeres.  

En términos generales, el Estado no formula políticas diferenciadas según las realidades geográficas y culturales. Si bien hace esfuerzos por combartir el machismo, no hay un plan integral para cambiar nuestra mentalidad, la de todos. El defenestrado primer ministro Antero Flores-Araoz comunicó a la población muy horondamente que su ministro de salud “será muy macho”, entre otras gracias. 

La discriminación de cualquier índole conlleva una desigualdad de oportunidades económicas y culturales. Va anchando las brechas socioculturales y con ello la representatividad del Estado se diluye hasta desaparecer en las esferas más alejadas del estándar urbano. 

Ahora se plantea la necesidad de un cambio, una nueva constitución. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con ello se acabarán la discriminación y la corrupción endémicas y sistemáticas? ¿De una nueva constitución nacerá una nueva nación peruana más justa, equitativa, igualitaria, solidaria? Sería un sueño hecho realidad.

Antes de sentarnos a redactar una nueva constitución, propongo que pensemos en la nación en la que queremos convertirnos para luego crear una carta magna a la medida. 

Si me preguntaran, sería una nación que proponga formas de convivencia solidaria, no discriminatorias aceptando e incorporando nuestra diversidad, que garantice el ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales, que garantice los derechos fundamentales a la educación, la salud y la vivienda  (no como servicio, como estipula nuestra actual constitución), que garantice el derecho colectivo a la pluriculturalidad e interculturalidad, a la autoidentificación, el derecho a descubrir nuevas formas de desarrollo basadas en necesidades colectivas, que garantice un nuevo modelo socioeconómico integral. Una forma de Estado más horizontal, donde quepan todas las voces.  Somos un país diverso y nuestra nación tendrá que reflejar y respetar dicha diversidad. Una nación en armonía con la naturaleza, con las culturas. 

Mientras tanto, es urgente que el actual gobierno investigue exhaustivamente los hechos de violencia ejercida por la policía contra los jóvenes manifestantes, que ejercían su derecho a la protesta libremente. Las investigaciones no deben demorar y deben marcar claramente la cadena de mando durante los hechos de tal forma que los responsables rindan cuentas.

Nuestro modelo de Estado vino de lejos y lo hemos asumido como el único posible.  Pero no nos ha funcionado, es evidente. No nos sentimos representados. Democracia, sí, pero para todos sin discriminación, sin abismos sociales. Tenemos una gran tarea por delante y ya nuestros jóvenes nos han demostrado que están dispuestos a encaminarlo. 

Los ciudadanos debemos estar vigilantes, los socios del golpe aún están en el Congreso y el TC. No bajemos la guardia. El 11 de abril, ejerzamos nuestro derecho al voto informado. Ya sabemos por quienes no votar, aprendamos por quienes votar.  

El día de las elecciones, expresémonos también sobre la posibilidad del cambio, primero con un debate sobre un nuevo modelo de nación y luego sobre un cambio de constitución a través de movimientos organizados, asambleas, cabildos abiertos.  Ahora es el momento, que no nos digan que no.  

Biografía

Irene Abugattas nació en Arequipa el 15 de diciembre de 1953 en el seno de una familia de inmigrantes palestinos.

Es Bachiller en Lingüística de la Universidad nacional Mayor de San Marcos.  

Desde niña, su interés por la sociedad la llevó a reconocer las diferencias e inequidades entre  las personas.  Creció escuchando varias lenguas a la vez, español, árabe, quechua, aimara; eso despertó  su interés en el estudio del lenguaje.

Después de trabajar más de 20 años en comercio exterior y de criar a tres hijos, dedica más de su tiempo a la defensa de los derechos humanos y al estudio. 

Además, combina su tiempo entre su pequeño negocio artesanal  y traducciones. 

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