Martes, 19 Enero 2021

logo para cedet                                            Año 2021. Edición N° 13 / Registro ISSN-L: 2709-8079

TEMA Demandas y desinterés de los partidos políticos frente a los movimientos sociales afrodescendientes

 

D´Cimarrón N° 13

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Insurgencia Bicentenaria

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Luis Martín Valdiviezo (Perú)

La injusticia produce entre los hombres discordias,
odios y disputas. La justicia, en cambio, 
concordia y amistad (Platón, La República, 351d).

Cuando el Congreso declaró la vacancia del presidente Vizcarra por incapacidad moral permanente la noche del lunes 9 de noviembre de 2020 dejó al país atónito. Días antes, las declaraciones en contra de esta vacancia de los líderes de algunos de los partidos políticos que promovían el proceso, hicieron creer que se trataba de un intento más condenado al fracaso. Sin embargo, la propuesta logró 105 votos, 28 más del mínimo necesitado. El estupor cesó muy pronto y comenzó a fermentarse la indignación ciudadana ante el espectáculo del asalto del poder legislativo sobre el ejecutivo, el cual aunque corrupto y oligárquico, no era menos decadente en ambos aspectos que el grupo vencedor. Esa misma noche, cuando los voceros de los partidos triunfantes declaraban ante la prensa en el frontis del Congreso, Carlos Ezeta (24) se aproximó y le propinó un golpe de puño en la cara a uno de los voceros. Los efectivos de seguridad lo detuvieron de inmediato. Ese golpe de mano al golpe de Estado, viralizado por incontables redes virtuales, fue como el campanazo que despertó una cierta conciencia de insurgencia a nivel nacional.

El presidente del Congreso asumió la presidencia de la República durante la mañana del martes 10 en medio de movilizaciones y protestas que empezaban a crecer a lo largo y ancho del país. El sentimiento común de indignación comenzó a unir a un país abismalmente fragmentado. El silencio de millones de ciudadanos que cargaban historias de injusticias, de frustración ante los obstáculos estructurales diarios, así como de pérdidas y despojos por la pandemia del 2020, fue quebrado por multitudinarias voces de protesta. El golpe de Estado por parte de una coalición de partidos obnubilados por el dinero y el poder inmediatos era demasiada humillación para los ciudadanos comunes. Sin caudillos identificables ni grandes discursos, comenzó una movilización social autoconvocada y autoorganizada por pequeños colectivos y por jóvenes particulares a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Llamados hasta antes de esa trágica semana, milenials, pulpines, pokemones y tiktoquers, los jóvenes nacidos alrededor del año 2000 habían sido caracterizados por su uso y abuso de los celulares, por su sumersión diaria en realidades virtuales, por su manía con los selfies y por su apática participación en los asuntos públicos (mayormente a través de likes). Ellos, en el curso de las horas que siguieron al golpe, se fueron pronunciando, organizando y encontrando en las plazas, hombro a hombro, jóvenes de todos los géneros, que mayormente se desconocían entre sí, pero que se unían por una común indignación. Así, caminaron como nunca por sus propias ciudades y aprendieron los nombres de algunas de sus calles mientras gritaban su repudio a la corrupción política y exclamaban su sed acumulada de un Perú digno. Los jóvenes que estaban en pueblos pequeños así como aquellos que no pudieron marchar también se mantuvieron al tanto. Revisaban y divulgaban los videos y textos que los marchantes enviaban por Whatsapp, Tweeter, Facebook, Instagram y mensajes telefónicos.

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Imagen: The New York Times

El miércoles 11 juró un nuevo primer ministro marcado por una trayectoria de racismo, machismo y corrupción. El jueves 12 se comprometió el gabinete correspondiente. Miembros de ese mismo gabinete difundieron el cuento de terror de que las crecientes protestas eran parte de una conspiración organizada y financiada por la extrema izquierda internacional. Además, algunos ministros dijeron por sus redes personales que esos terroristas tenían planeado incendiar edificios y llevar al país al caos. La policía tuvo orden de golpear a diestra y siniestra, así como de lanzar bombas lacrimógenas. Algunos efectivos también dispararon canicas de vidrio y perdigones de plomo, otros de ellos secuestraron a insumisos en camionetas con placas veladas. Los jóvenes habían sido descritos como sangrientos criminales hasta por el ministro de Educación de ese gobierno golpista. Ese jueves, las protestas alcanzaron nivel nacional. En Lima, distintos colectivos de jóvenes anunciaron manifestaciones sucesivas en docenas de distritos, se distribuyeron recomendaciones para quienes sean detenidos y se organizaron brigadistas para atender a los heridos, así como para desactivar bombas lacrimógenas y para proteger a los detenidos por la policía. 

Ese mismo jueves 12, el gobierno usurpador otorgó una concesión de 20 años a Pangeaco, una empresa perteneciente al grupo de Telefónica. Esta última empresa española debe más de 3,000 millones de soles en impuestos acumulados al Estado peruano desde que comenzó este siglo. En el mes de septiembre de 2020, el Tribunal Constitucional concluyó una disputa de más de 12 años iniciada por la solicitud de prescripción de deudas fiscales de Telefónica y otras 157 grandes empresas que operan en el Perú. El fallo permitió que el Estado continúe con el cobro de las deudas de esas empresas.

Hacia el sábado 14, las protestas crecieron en ciudadanos, extensión geográfica y calor emocional. Carteles que decían NO A LA VACANCIA, FUERA MERINO, MERINO KORRUPTO, QUE SE VAYAN TODOS, ASI AMO A MI PATRIA, EL CONGRESO ES NUESTRA PANDEMIA, VIOLENTOS SON LOS QUE PROVOCAN LA DESIGUALDAD SOCIAL, NO A LA REPARTIJA, ANTERO MISOGINO MACHISTA RACISTA, SE METIERON CON LA GENERACIÓN EQUIVOCADA, HOY ES UN BUEN DÍA PARA CAMBIARLO TODO, NOS QUITARON TANTO QUE NOS QUITARON EL MIEDO, MAMÁ ESTOY AQUÍ DEFENDIENDO A MI PERÚ, ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA, PERÚ NO TE DUERMAS NUNCA MÁS, acompañados de tambores, skaters y danzas, algunas con orgullo LGBTI, se desplegaron por el país. Esta vez, la policía en Lima arremetió contra los ciudadanos que se dirigían hacia el Congreso como si se tratase de un ejército enemigo. Una violencia policial a ratos semejante a la desplegada este siglo contra los ciudadanos indígenas y campesinos en los conflictos socioambientales del Baguazo, Conga, el Aimarazo, Las Bambas o Tía María se reproducía en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay del centro de Lima (aproximadamente a 500 metros del Congreso).

En este punto, la policía cercaba a los grupos, los sofocaban con bombas lacrimógenas y les disparaban. Grupos de mujeres y hombres en la primera línea de los manifestantes desactivaban las bombas con baldes de agua y bicarbonato o las relanzaban a la policía, no obstante, algunos caían asfixiados por el gas, heridos por los disparos, o por los golpes. Entonces los jóvenes brigadistas cargaban a los caídos y los llevaban a los puntos de las brigadas de enfermería, a las ambulancias o a los hospitales. Ese sábado, cuando se esparció la noticia de que un joven había fallecido, los manifestantes se preguntaron cuál de todos los ensangrentados de ese día sería. Ese Estado ilegítimo había transgredido la última frontera de la humanidad. La policía represiva se había transformado en una policía asesina. Con la muerte del estudiante de derecho Jack Brian Pintado Sánchez (22, Iquitos) la indignación juvenil se transformó en furia. El martes, Brian le había dicho a su abuela. “Mamá, me voy a la marcha porque amo a mi patria. Si no regreso me fui con ella”. Diez restos de perdigones, cuatro de ellos en la cabeza, pusieron fin a su vida. Muy cerca y pocas horas después, un perdigón de plomo destrozaba el corazón de Jordan Inti Sotelo Camargo (24, Ayacucho), un estudiante de turismo. Durante el velorio, su madre dijo atravesada por el dolor. “Tenía mi universo en casa y ahora me han quitado mi sol”. 

El domingo 15 de noviembre, el presidente usurpador, sin apoyo de la mayor parte de los partidos del golpe ni de las fuerzas armadas, sin el reconocimiento de la OEA ni de otros países, se vio forzado a renunciar. Lo hizo sin antes dar la orden de detener todos los operativos policiales. Aún había jóvenes secuestrados. Tampoco asumió ninguna responsabilidad por las muertes ni la violencia contra miles de ciudadanos que dejó a cientos de ellos en salas de emergencia y a veinte gravemente hospitalizados. 

La rebelión no fue únicamente ante un político inescrupuloso con potencial de tiranuelo. Fue una insurrección ante una clase política corrupta y operadora de un neoliberalismo cada vez más rentable para los ricos y más empobrecedor para las mayorías. Esas mayorías marginadas, expropiadas y explotadas constituyen la fuerza de trabajo de una economía que ha crecido sin parar durante las últimas dos décadas mientras sus hijos acuden a escuelas pauperizadas, pues el presupuesto de la educación pública no ha llegado ni al 4% del PBI. Además, esas mayorías van a centros de salud colapsados por falta de medicinas, de médicos y de tecnología desde años antes de la pandemia porque la salud pública no ha recibido ni el 5% del PBI. Muchos de esos jóvenes conocen en carne propia lo que significaba trabajar por el sueldo mínimo de 930 soles con contratos de solo tres meses. Su protesta era contra toda una clase política que ha naturalizado sus privilegios y sus lobbies mientras en el país la primera infancia padece la desnutrición crónica en un 12% y la anemia en un 40%. 

Así, la rebelión ha sido también contra una desigualdad social inmoral, contra un sistema económico-político que atenta contra las oportunidades presentes y futuras de los más jóvenes. Es por ello que en medio de las movilizaciones las demandas de los jóvenes de distintas regiones del país han coincidido en subrayar la necesidad de reescribir la Constitución, de re-fundar el país. A doscientos años de incumplida la promesa de la vida republicana, ellos exigen volver a sentar las estructuras fundamentales del país. 

Esta insurgencia juvenil es también contra los ciudadanos de mi generación. Pues nosotros, sus madres y sus padres, hemos fracasado en la tarea de construir un país decente. Los jóvenes de todas las regiones del país se han levantado contra una corrupción política y empresarial que muchos de nosotros hemos tolerado, a la cual nos hemos sometido o, incluso, a la cual nos hemos aliado. Les hemos dejado un país corrupto por nuestra apatía, miedo, mezquindad o usura. Ellos se han impuesto la tarea que nosotros debimos llevar a cabo hace cuarenta años. 

Muchos viajeros e investigadores extranjeros y nacionales presentían que esta sublevación tarde o temprano llegaría debido a las atroces injusticias sociales del país. En la historia de nuestra fallida república, las rebeliones contra el Estado han sido como los terremotos. Se sabe que algún día llegarán pero no sabe cuándo ni dónde. Cuando aparecen son breves pero vuelven. Lástima que algunas veces, se llevan a los mejores. 

El domingo 15, los congresistas acordaron ceder el lugar a quienes votaron en contra de la vacancia para formar una nueva junta directiva. Sin embargo, a última hora se negaron a elegir como presidenta del Congreso a una profesora de literatura y feminista de izquierda, Rocío Silva Santisteban, con un amplio currículo en la defensa de los derechos humanos. El lunes 16, después de un día de indecisiones, casi de carambola, se eligió como presidente a un hombre de centro, Francisco Sagasti; también un académico investigador, pero acreditado por su experiencia laboral en el Banco Mundial y sus asesorías a gobiernos (corruptos) anteriores en temas de ciencia y tecnología. 

En su discurso de asunción, el nuevo presidente de transición fue sensato, pidió perdón a las familias de Brian e Inti por la violencia policial que acabó con sus vidas, prometió que sus asesinatos no quedarán impunes. Además, prometió centrarse en organizar unas elecciones presidenciales limpias en abril 2021 y desarrollar un plan de emergencia contra la pandemia del Covid 19. Cerró su discurso recitando al poeta César Vallejo, de conocidas creencias revolucionarias. Pocos días después, interrogado por un periodista peruano sobre las posibilidades de un referéndum para decidir si re-escribir la Constitución, el presidente Sagasti pasó la pelota al próximo gobierno: "De hecho, hay cambios que introducir en la Constitución. Lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la Constitución o (algunas) modificaciones... que sea el nuevo gobierno el que se haga cargo". 

Mientras escribo estas líneas, los ciudadanos peruanos (de distintas generaciones e identidades socioculturales) vienen desarrollando un amplio debate entre vecinos, amigos, colegas de trabajo, gremios de trabajadores y estudiantes, compañeros de estudio, colectivos y redes virtuales sobre la necesidad y la pertinencia de convocar a una asamblea constituyente durante el Bicentenario. Al margen de que haya o no referéndum el 2021, este debate generalizado sobre los fundamentos políticos del Perú contribuirá al fortalecimiento y maduración de la conciencia ciudadana del país. Eso también ayudará a reencausar el país haciendo justicia, a curar las heridas de esta tragedia y a reconciliar los diferentes sectores e instituciones de nuestra sociedad. Como diría Hannah Arendt el pensar sobre la justicia social puede prevenir la perpetuación de la injusticia estructural. El ejercicio colectivo de la reflexión, que nos sustrae de la rutina de nuestras obediencias ordinarias, nos permite examinar el sentido de las leyes, reglamentos o normas dadas, y recrearlas de manera más humanas. “La manifestación del viento del pensar no es el conocimiento, es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y esto, en los raros momentos en que se ha llegado a un punto crítico, puede prevenir catástrofes”. Continuemos pensando y sigamos actuando, como ya ha empezado a hacerlo la Generación del Bicentenario.

Luis Martín Valdiviezo Arista, Profesor Asociado PUCP.

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