Sábado, 15 Diciembre 2018

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Paramilitares, parapolítica y población afrocolombiana

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Por Daniel Mathews C.

DMCEn el Perú cuando hablamos de paramilitares pensamos en grupos ligados al poder: Rodrigo Franco al APRA, Grupo Colina al fujimorismo. En Colombia los paramilitares fueron creados por la oligarquía ligada al narcotráfico. Se llamaron a sí mismos “autodefensas” y encontraron su “justificación” en el accionar guerrillero de las FARC y el ELN pero aparentemente desligados de las fuerzas políticas y, por cierto, del propio gobierno.

He puesto entre comillas justificación porque si fuera cierto que se han organizado para autodefenderse tendrían que haberse desarmado apenas se firmó el acuerdo de paz. He dicho que aparentemente estaban desligados porque ya desde el 2002 el senador Gustavo Petro comenzó a denunciar la relación entre Álvaro Uribe y los paramilitares.

En el 2006 ya dejó de ser una denuncia aislada. Quedó claro que eran varios políticos los que alcanzaron cargos públicos, desde alcaldías hasta el Congreso, por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil. Una vez logrado esto desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado de pueblos enteros, entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.​ A esto se le llamó “parapolítica”.

Pero no solo eran algunos políticos menores. Las investigaciones, tanto de la prensa como de la fiscalía, dieron como resultado la implicancia del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. La cosa fue tan grave que los propios Estados Unidos, normalmente tan permisivos con los gobiernos de derecha, tuvieron que reconsiderar las que tenían con Colombia. La reunión programada entre Álvaro Uribe y Nancy Pelosi en marzo del 2007 para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio terminó sin tocar el tema. Lo que si se tocó fue la relación entre el gobierno y los paramilitares. Mientras Pelosi le exigió condenas ejemplares para los militares a los que se les demuestre vínculos con los grupos de autodefensa, Uribe declaró que bien pudo aliarse a los paramilitares para hacer una lucha conjunta contra las guerrillas y que los resultados hubiesen sido exitosos.

Para el año 2013 habían sido condenados sesenta congresistas por sus vínculos con grupos armados ilegales dentro de este proceso. Igualmente habían sido condenados numerosos funcionarios del Estado así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país.​

El 2016 quedó claro que la relación entre Uribe y los paramilitares no tenía nada que ver con la derrota de las FARC. Al contrario no quería que las FARC dejen las armas. Supongo que es el primer caso en el que luego de una guerra larga (medio siglo en este caso) y con demasiados muertos se llama a votar contra la paz… y se gana.

Este año Álvaro Uribe ha tenido que renunciar a su puesto en el Congreso para someterse a investigación fiscal.

INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS: LOS MÁS AFECTADOS

El informe de Amnistía Internacional sobre Colombia para el 2017 dice: “La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguía siendo la más afectada por el conflicto armado que aún continuaba”. Y la pregunta que me han repetido varias veces es ¿pero no hay un acuerdo de paz? Sí, y las FARC lo ha respetado. Quien no lo respetó nunca fue el gobierno de Santos. El acuerdo decía que se haría sustitución concertada de cultivos de uso ilegal y esos cultivos han crecido. Ahí donde se ha erradicado ha sido por la fuerza y con muertos. El acuerdo decía que se reprimiría a los paramilitares y Santos ha llegado a decir que simplemente no existen. Le faltó decir que los muertos se mataron entre ellos. Pese a las estipulaciones del “Capítulo Étnico” del acuerdo de paz, hubo denuncias de falta de garantías para la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la implementación del acuerdo.

Lo peor del caso, según el mismo informe de Amnistía Internacional, son los asesinatos selectivos. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, profesores interculturales, periodistas, activistas de sustitución de cultivos, homosexuales y un largo etcétera están condenados a muerte, según se lee en los volantes que reparten, con total impunidad, los Águilas Negras y otros grupos de “autodefensa”. Las poblaciones más afectadas son las indígenas y afrocolombianas: Antioquia, Cauca, el Chocó y Norte de Santander. Ahí están concentrados los desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios (lo cual limitaba su libertad de circulación y su acceso a alimentos y servicios esenciales), reclutamientos forzados de niños y niñas, violencia sexual y uso de minas terrestres antipersonal.

EL GOBIERNO DE DUQUE CONTINÚA LA PARAPOLÍTICA

Iván Duque en su discurso de posesión el 7 de agosto, habló de proteger la vida de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; después en actos públicos volvió a referirse a detener los asesinatos selectivos y coordinados, en los que cada día matan a un líder comunitario. Sin embargo, el balance de muertes en agosto aumentó. Solo en un mes fueron treinta y cuatro los líderes asesinados.

En rechazo a este Genocidio de “limpieza política”, representantes a la Cámara y Senadores realizaron el 5 de septiembre, una Audiencia en el Congreso de la República en la defensa de la vida de los líderes, donde denunciaron las diferentes modalidades de persecución que usa el régimen en contra de la protesta social y los opositores políticos, tales como el desprestigio que los muestra como “redes de apoyo” de la subversión, las amenazas por medio de agentes paraestatales, la persecución judicial, los seguimientos ilegales. Los Congresistas de la oposición le exigieron al Gobierno que muestre resultados en proteger la vida de los líderes y defensores de Derechos Humanos. Todo parece indicar que el triunfo del uribismo ha significado el regreso de la parapolítica.

Al observar las víctimas de los últimos días, queda evidente qué tejido social representa, cómo repiten las modalidades del crimen, la actitud del Estado y la impunidad en que los hunde.

Y nuevamente son afrocolombianos los que están puestos en la mira. Es el caso, por poner solo un ejemplo, de Alirio Antonio Arenas Gómez. Él desarrollaba su activismo en la vereda San Isidro, zona rural de Convención, donde era el Presidente de la Junta de Acción Comunal. Se trata de una región que por décadas ha mantenido un liderazgo social en la movilización ciudadana, pues las condiciones de pobreza, abandono estatal y violencia, ha llevado a que las comunidades estén organizadas.

Había sido elegido concejal de La Convención por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que está luchando por la implementación de los acuerdos de paz. También hacía parte del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP); participó en la campaña presidencial de Colombia Humana. Reconocido como un líder natural de la Provincia de Ocaña, Norte de Santander.

Alirio había denunciado amenazas de muerte en su contra, pero no le habían designado un esquema de seguridad, a pesar que ya había sido aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los sicarios le quitaron la vida en la madrugada del 2 de septiembre, en el barrio Belén de Ocaña, zona que se encuentra altamente militarizada. En este atentado también resultó herido Johnny García Guerrero.

Paula Monteverde, editora en Facebook de “Colombia Vive” y a quién le mataron una hija de siete años, nos dice que esto “es un Genocidio Político porque observamos una matanza de líderes de las capas medias y bajas de la sociedad, excluidos y empobrecidos; perpetrada por una élite derechista violenta. Minorías súpermillonarias que se resisten a ceder privilegios y a cualquier cambio que acabe la desigualdad social; por esto se oponen a las mayorías nacionales que luchamos por paz con justicia social”.

Ver más información en https://www.facebook.com/Colombia-Vive-1909894049223413/

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