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La corrupción y la convivencia democrática en el Perú y América Latina

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Por Luis Tacuche Moreno.

tacucheSon indudables las conquistas democráticas en nuestra región. Sin embargo, estas no han resuelto una doble tarea. Por un lado, el consolidar la existencia de los derechos humanos en un plano práctico, puesto que existen en la legislación más no en concreciones significativas en la vida cotidiana de las personas. Por otro, el superar la frágil legitimidad que ha tenido la democracia en la subjetividad de las personas, dado que tiene tanto una dimensión objetiva como percibida. Es decir, la democracia no se ha expresado en la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos ni tampoco en las brechas de desigualdad que persisten (dimensión objetiva), contribuyendo así en la percepción de que la democracia es innecesaria y que los gobiernos se encuentran a merced de un grupo y no para el interés general (dimensión subjetiva).

Las cifras respaldarían estas premisas. Según Rojas (2013), el quintil más pobre concentra alrededor del 5% del ingreso nacional, mientras que el quintil más rico concentra alrededor del 50% del mismo. Además, precisa que la desigualdad se asocia con instituciones de mala calidad, debido a que [1] propicia la existencia de intereses discrepantes entre diversos grupos sociales [2] y provoca que las instituciones se queden capturadas por los grupos de poder, de modo que su acción se encuentra vinculada con intereses particulares más que al bien común, al mismo tiempo que [3] disminuye la disposición de acciones de cooperación y alienta las prácticas de corrupción. Esto se reafirma con cifras del Informe Latinobarómetro (2017), debido a que el 75% percibe que su país se encuentra gobernado por un grupo poderoso para su propio beneficio (Perú 80%, Brasil 97%). Sumado a esto, en el caso peruano, el grado percibido de corrupción es el más elevado de América Latina al 2017, sea en el gobierno (8.4), congreso (8.5) o en tribunales de justicia (8.2); mientras que, sobre la percepción sobre la democracia, solo el 5% de ciudadanos/as señala que existe una plena democracia, en tanto que un 45% señala que existen grandes problemas en ella.

Esta realidad hace entender a la convivencia democrática como una aspiración o un proyecto (Guzmán, 2013), más que como un punto de partida, de modo que otros factores condicionarán la cercanía de nuestras sociedades a la convivencia democrática y, por consiguiente, sus fluctuaciones. Bajo esta premisa, diversos factores pueden influir, como los niveles de pobreza o violencia, los niveles de gobernabilidad, las redes de capital social, reconocimiento de derechos, niveles de corrupción, entre otros. Sobre esto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que la gobernanza y convivencia democrática se ven mediadas por ciertos factores, como [1] relaciones verticales (relación ciudadano-autoridad pública), [2] confianza en las instituciones o personas, [3] relaciones horizontales (percepciones sobre el respeto, tolerancia, diálogo), [4] percepción sobre seguridad en la comunidad y la [5] percepción de estabilidad a futuro. Mejor dicho, en la interacción de sujetos/as frente a instituciones.

Entonces, convivencia democrática no solo significa la “estabilidad” de nuestras instituciones o el “vivir” de uno/a con quien piensa distinto/a, supone también aquellas relaciones cotidianas democráticas que se ven mediadas por redes de poder y que, al mismo tiempo, se encuentran sumergidas en nuestra interacción con instituciones oficiales o extra oficiales.

Así se puede entender a la corrupción, debido a que, a pesar de la igualdad ante la Ley, se han cristalizado relaciones discursivas reconocidas por los/as sujetos que pretenden asumir una posición de ventaja [o beneficios] respecto de otros, es decir, se asumen los mismos significantes y se comprende un lenguaje que tolera y legitima prácticas corruptas, generando que el proyecto de convivencia democrática se vea dinamitado. En otras palabras, la corrupción ha asumido un lenguaje estandarizado en las prácticas cotidianas, de manera que “no se limita exclusivamente a una esfera política, sino a la cotidianidad donde este lenguaje es construido, practicado y fecundado. Se trata entonces, al hablar de un lenguaje, de una relación y no de un acto individual, de una práctica conjunta, de una actividad social” (Mujica, 2004, p.44).

El vínculo entre corrupción y convivencia democrática debe asumirse desde lo micro y lo macro. Desde un nivel institucional (macro), como aquella formación de condiciones y desarrollo de saberes y mecanismos de poder cristalizados que legitiman prácticas sociales materiales e institucionales, hasta un nivel de aquellas prácticas discursivas y representaciones simbólicas presentes en nuestra cotidianidad (Foucault, 1999), debido a que ambas dimensiones se encuentran retroalimentándose y dan cabida a realidades como las que atraviesan nuestros países.

Respecto al nivel institucional, Labalqui (2003) concluye, bajo un estudio realizado con una muestra de 107 países, que [1] la corrupción se encuentra en función al nivel de desarrollo de un país (sea medido a través del PBI per cápita o a través del IDH), además, que [2] una mayor democratización no implica una reducción automática de la corrupción. Sumado a esto, que [3] el grado de libertad económica es un factor que influye sobre los grados de corrupción, debido a que en algunos países un crecimiento de la libertad económica disminuye los niveles de corrupción, pero en otro bloque aquellos países que transitaron aceleradamente al mercado sufrieron altos niveles de corrupción. Respecto al nivel micro, Proética (2015) realizó una encuesta en la que preguntó ¿Considera usted que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo? A la cual el 51% de los entrevistados respondió que sí, expresando así una alta tolerancia a la corrupción.

No obstante, Proética (2017) realizó una nueva encuesta donde incluyó la misma pregunta, encontrando una reducción drástica al 15%, es decir, una reducción del 36%, hecho que probablemente se vea influenciado por el caso Lavajato y su vinculación con parte de la clase política peruana. Sin embargo, pese al rechazo de casos de macro-corrupción, la micro-corrupción es una práctica institucionalizada, debido a que dos de cada tres encuestados no considera como negativo el pago de sobornos para evitar una multa, el acelerar trámites o el piratear servicios públicos, atribuyendo como razón que si uno no paga "las cosas no funcionan".

Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción como forma de construir un proyecto de convivencia democrática atraviesa diversos desafíos, que supondrán profundas reformas de nuestras instituciones, la renovación de la clase política y, sin menor importancia, cambios radicales en la subjetividad de los/as ciudadanos que legitiman estas prácticas.

Referencias:

Corporación Latinobarómetro (2017). Informe Latinobarómetro 2017. Buenos Aires, Argentina.

Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona, España: Paidós.

Guzmán, J. (2013). Gobernanza y convivencia: preguntas en clave democrática. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 37-46). San José, Costa Rica: FLACSO.

Labalqui, I. (2003). Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Colección Año IX, 1(14), pp. 155-196

Mujica, J. (2004). Palabras Corruptas El lenguaje de la corrupción o la corrupción como lenguaje. Anthropía, 1(3), pp. 40-44.

Proética (2015). Novena encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Proética (2017). Décima encuesta nacional sobre corrupción. Lima, Perú: Proética.

Rojas, F. (2013). Gobernabilidad y convivencia democrática: miradas desde la gente. En P. Silva y F. Rojas (Ed.), Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales (pp. 19-35). San José, Costa Rica: FLACSO.

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